En el acto de toma de posesión de los vocales del Consejo Consultivo, Javier Fernández pronunció un discurso de defensa del sistema autonómico, breve y con enjundia, muy de su pluma. El presidente del Principado ironizó sobre el intento de eliminar instituciones regionales, presentándolas como producto de irresponsables alegrías de la época de bonanza. Para Javier Fernández hay una “deslegitimación apresurada e interesada del Estado autonómico”, al presentar a los gobiernos regionales como despilfarradores. El presidente del Principado denunció que el Gobierno reclame más exigencias a las autonomías en la lucha contra el déficit, mientras relaja las condiciones para la Administración central.

En la actualidad hay una ancha corriente de opinión social muy crítica con la gestión autonómica. Como en toda crítica se producen exageraciones, pero no merece la pena detenerse en ellas porque son una anécdota que nos impide ver el fondo del problema. El asturiano medio no digirió bien la prelación que tenían las llamadas “comunidades históricas” en la asunción de competencias. Menos le gustó, aún, que dos regiones tuvieran reconocidos unos pretendidos derechos históricos que les permitían quedarse con el 100% de la recaudación tributaria, mientras el resto sólo recibía una cuota de esos ingresos. Pese a los agravios comparativos todo eso se digirió; con dificultad, pero se digirió.

La cuestión cambió de dimensión cuando Zapatero llegó al poder y renunció a la jerarquía del Gobierno, poniendo la producción legislativa española en manos de la Generalitat catalana. A partir de ahí vino el desmadre, con el blindaje del agua de los ríos, el tratamiento de lengua extranjera al castellano, etcétera. Y desde el año 2008, la crisis económica evidenció que los gobiernos autonómicos no tenían contrapesos en su gestión y se producían actuaciones tan derrochadoras como la del progresista tripartito catalán o el Gobierno “pepero” de Valencia. Dos gobiernos basura que dieron paso a los bonos basura, y que van a ser rescatados por los hispabonos: para eso si vale la marca de España. Es cierto, hay una deslegitimación apresurada del Estado autonómico, pero se podía haber evitado si la clase política, empezando por el PSOE, hubiera hecho en su momento una oportuna revisión del proceso autonómico, poniendo coto a los excesos.