El decreto que regula las condiciones en que las comunidades autónomas tendrán acceso a las ayudas del Gobierno fue aprobado con los exclusivos votos del PP. Los partidos de izquierda y los nacionalistas consideran que se trata de un mecanismo ideado para acabar con el Estado de las Autonomías. Según los grupos de oposición el Gobierno obligará a realizar nuevos ajustes para recibir ayuda financiera y en caso de no seguir esa vía el Ejecutivo intervendrá en las cuentas de las regiones. Como las comunidades autónomas son responsables de la gestión sanitaria y educativa, los futuros ajustes diseñados por el Gobierno central recaerán en esos servicios sociales, dando lugar al desmantelamiento del Estado del Bienestar.

La postura de los grupos de oposición es muy llamativa. Durante las últimas semanas, desde los gobiernos regionales se pidió al Ejecutivo de Rajoy que creara los “hispabonos” para respaldar las deudas de las regiones. Varias comunidades autónomas, como Cataluña, Valencia, Murcia o Andalucía, tienen muy difícil el acceso al crédito y sólo podrán refinanciar sus deudas si cuentan con el aval del Estado. El Gobierno central crea un fondo de 18.000 millones de euros y todos votan en contra. Hubiera sido muy interesante saber qué hubieran hecho los presidentes autonómicos si les hubiesen dado la oportunidad de decidir.

El Estado, como todo acreedor, fija las condiciones en que da el crédito. Con unas comunidades autónomas quebradas no se les puede inyectar financiación sin obtener garantías de que harán lo posible por retornar a la senda del equilibrio presupuestario. Poner en sus manos 18.000 millones, incondicionalmente, sólo serviría para extender la insolvencia financiera de las comunidades al Estado, en un momento en que el propio Reino de España para obtener recursos de los mercados paga un interés muy alto. Obviar este planteamiento es hacer demagogia o apuntarse a la política ficción. Los recortes del Estado del Bienestar son muy preocupantes, pero el verdadero caos sobrevendrá el día que los acreedores nos cierren el grifo del crédito. En ese momento no sólo se irán a bajo los servicios públicos, sino que pensionistas y funcionarios dejarán de recibir sus sueldos. Y detrás de ellos iremos el resto de los ciudadanos. Los diputados debaten sobre la cubierta del Titanic y no son conscientes de ello.