El Gobierno ha aprobado el ajuste presupuestario, para los próximos dos años, que enviará a Bruselas. Se trata de un incremento de ingresos y una reducción de gastos por valor de 102.492 millones de euros. De esa cantidad global, 13.118 millones corresponden al presente año. El plan comprende todas las partidas redimensionadas desde que Rajoy formó gobierno, con la novedad de última hora de un nuevo recorte en sanidad y educación de 3.750 millones, que sumados a los anteriores ajustes en esas partidas eleva a 15.000 millones el tajo que se quiere dar en sanidad y educación.

Rajoy no aclaró si va a pedir al Banco Central Europeo (BCE) que el fondo dotado para rescates compre deuda soberana, tal como desea el BCE. El presidente del Gobierno quiere saber previamente qué contrapartidas conlleva esa medida. Cabe interpretar que el presidente acepta el mecanismo de rescate, pero trata de negociar las cláusulas del mismo. Parece que lo que está en juego no es tanto la transcendencia económica del rescate sino las consecuencias políticas del mismo. El plan de rescate de la banca, dotado con 100.000 millones, se aprobó bajo la presión de la troika (Comisión Europea, BCE y Fondo Monetario Internacional) y el rescate de la deuda soberana también se va a llevar a cabo a instancias de nuestros acreedores. La sensación que tiene el ciudadano de a pie es que el Gobierno de España va a remolque de los acontecimientos, sin tener apenas capacidad de influir en ellos.

Rajoy descarta pactar con Rubalcaba, porque considera que el líder de la oposición no está dispuesto a sacrificar los intereses partidarios en aras a los intereses generales de España. El presidente del Gobierno advierte a las comunidades autónomas que forman parte de la política económica del país, y no cabe recurrir a recetas particulares. Aunque Rajoy ha sufrido un castigo muy fuerte en los últimos tres meses -desde el derrumbamiento de Bankia-, trata de hacer valer su holgada mayoría absoluta en todos los ámbitos de la política nacional, porque considera que de esa manera tiene un mayor margen de maniobra para negociar con la UE. Como toda estrategia tiene su coste de oportunidad, la escogida por Rajoy consiste en sufrir una mayor contestación social. Las quejas de los ciudadanos irán dirigidas exclusivamente al Gobierno y la oposición irá detrás de la pancarta.