Rajoy siguió la costumbre de Zapatero de ofrecer una rueda de prensa tras el último Consejo de Ministros del curso político y en vísperas de irse a Galicia a meditar y descansar. En su comparecencia desveló el plan económico-financiero enviado a Bruselas. Entre el actual ejercicio y los dos próximos años el Gobierno prevé un incremento de ingresos y reducción de gastos de 102.000 millones de euros.
Lo primero que me viene a la cabeza es una inquietante comparación, entre la cifra del ajuste de Rajoy y los 100.000 millones que la UE pone a disposición del Gobierno para remediar los desconchados de la banca. Casi coincide la cura de caballo (102.000 millones) de Rajoy con la inyección europea (100.000) al sector bancario. Sé que suena a demagógico pero podríamos aprovechar la reducción de gasto público y el pago de más impuestos, y con el saldo de la operación constituir un crédito que concederíamos a nuestra banca, y de esa manera evitábamos pedir dinero a la Unión Europea en forma de rescate.
¿Y quiénes dábamos el crédito? Los ciudadanos, sujetos pasivos del formidable ajuste planeado por Rajoy. En la respuesta no caben matices. El recorte de Rajoy se compone de menos subvenciones al desempleo; congelación de ofertas de empleo público en todas las administraciones hasta después de 2014 y la no reposición de las plazas de funcionarios jubilados; subida del IVA y puesta en funcionamiento del “céntimo verde” -recargo sobre el precio de venta de los hidrocarburos-; supresión de la deducción por compra de vivienda; recorte en el gasto sanitario y educativo, que conlleva menos personal empleado. En resumen, menos ayudas públicas y más pagos de tributos y tasas. Esa es la fórmula del ajuste, a la hay que añadir la consecuencia más dolorosa: el incremento decidido del desempleo, producto del desentendimiento de las administraciones de sus obligaciones con los ciudadanos.
INCERTIDUMBRES
Lo peor de todo es que esa formidable operación tiene un resultado más que incierto. Para empezar, hay algunos números (y cuando hablo de números debo advertir que se trata de miles de millones de euros) que no se sabe de donde salen. En el pasado mes de abril, el Gobierno anunció un recorte de 10.000 millones de euros en sanidad y educación, 7.000 corresponderían a la primera y 3000 a la segunda. Cuando los anuncios verbales se transformaron en papel oficial, las cifras crecieron: 7.267 millones en sanidad y 3.987 en educación. Ahora, el Gobierno plantea la cifra global de 15.000 millones, lo que supone un recorte añadido de otros 3.750 millones.
¿Es creíble la cantidad de 15.000 millones? Para responder a este interrogante me viene otra asociación a la cabeza: el déficit anual de la sanidad en España es de 15.000 millones. Como el gasto en sanidad crece inconteniblemente, el Gobierno se marcaría como objetivo estabilizarlo, y decide construir un cortafuegos de 15.000 millones sin saber ni decir a qué partidas ni departamentos corresponderá.
Pero las incertidumbres principales provienen de los cimientos de la operación de consolidación fiscal. No hay precedentes de rebajar, en tres años, el déficit público de un país en 6,1 puntos porcentuales con un paro superior al 25%. Ese el esfuerzo que se le pide a la sociedad española para este año y los dos siguientes.
Desde una perspectiva política es conveniente advertir que el discurso de los sacrificios tiene una larga tradición en las sociedades democráticas, pero siempre estuvo asociado, en tiempos de paz, a las renuncias de los trabajadores para reflotar a sus empresas sacándolas de zona de pérdidas. Esta es la primera vez que se exhorta a toda la población (griegos, irlandeses, portugueses, españoles) a pasar por una etapa de privaciones en beneficio del Estado. No se puede entrever ninguna ganancia tras las renuncias, a no ser que se vea como beneficio las alusiones vaporosas al retorno de los viejos tiempos de prosperidad. Mera retórica. Vistas así las cosas no debe de extrañar que la relación de la gente con los políticos haya pasado de la crítica a la fobia.
PACTO
En medio de los sucesivos anuncios de recortes ha ido creciendo la propuesta de pacto. La necesidad de llegar a un gran acuerdo. A nuestra escala regional, el último en plantearlo ha sido el presidente del Principado, Javier Fernández. Hay dos argumentos a favor de la propuesta: a) el objetivo de reducir el déficit al 2,8% del PIB en 2014 tiene características de hazaña; b) la fuerte erosión del Gobierno de Rajoy aconseja el pacto con la oposición para hacer más creíbles los objetivos marcados.
Sin embargo, frente a la idea de pacto se alza un obstáculo insalvable, al establecerse que la lucha contra la crisis económica, y particularmente contra el déficit público, se organiza a partir de un guión de ordeno y mando. La discusión política ha sido sustituida por el código militar. La UE dicta directrices conminatorias a los gobiernos nacionales. Rajoy podría escribir un libro sobre ello. Dentro de España, Rajoy transmite las órdenes a las comunidades autónomas y ayuntamientos, absteniéndose de propiciar un debate en el Parlamento.
Entre la amenaza de ruina que provocan los mercados y el miedo al desempleo que propician los planes de ajuste se encuentra una multitud descreída, desmoralizada y desprotegida.