Entre el último trimestre de 2008 y el primero de 2009 aumentó el desempleo en España en 900.000 personas. Tras la quiebra de Lehman Brothers, el miedo se apoderó de los agentes económicos y se puso de moda entre los empresarios la máxima de “deshacer posiciones”. Hasta ese momento las empresas ganaban cuota de mercado apoyadas en el crédito y a partir de entonces lo inteligente pasó a ser retirarse del mercado para evitar quedar expuestos al daño de la caída de la demanda y el estrechamiento del préstamo. Mientras las empresas cambiaban de paradigma, el sector público seguía como si nada ocurriese. Por aquella época, Fernández de la Vega firmó un acuerdo con los funcionarios que contemplaba algunas décimas de mejora en los salarios. Se repetía una vez más el carácter dual de nuestro marco laboral, con un sector de la población guarecido por las leyes y otro sector soportando los embates de la recesión a la intemperie.

Esta discriminación positiva se acabó para los empleados públicos el 12 de mayo de 2010, cuando Zapatero aplicó una rebaja del 5% en el sueldo de los funcionarios. Desde entonces, los gobiernos tienen en el punto de mira a los empleados públicos, porque constituyen una de las dos grandes bolsas de gasto (la otra son las pensiones) donde se puede ahorrar mucho dinero. Hace unos días, Rajoy anunciaba la eliminación de la paga extra de Navidad para los funcionarios, que supone una rebaja de sueldo superior a la realizada por Zapatero. A todo lo anterior se suma la nueva disposición del Gobierno para que las administraciones procedan a ejecutar despidos colectivos con el argumento de haber caído en “insuficiencia presupuestaria”. Una novedad que afecta a casi 850.000 empleados, sumando el personal laboral de las administraciones (700.000) y la nómina de los que trabajan en empresas públicas (140.000). Ya están creadas las condiciones para que las comunidades autónomas reduzcan gasto o eliminen grasa, según terminología del PP asturiano.

Imagino que esta disposición derivará en un pulso con los empleados. En medio de cambios trascendentes no se entiende la lucha sindical contra la prolongación de la jornada laboral, entre las 14 horas y las 14.30, como pretende el Principado. En los tiempos que corren porfiar por si la media hora de más se debe trabajar de forma flexible o en horario fijo es un exceso.