Las comunidades autónomas deben 1.000 millones de euros a los ayuntamientos. En el caso de Asturias, el grueso de la deuda está concentrado en las prestaciones sociales que realizan los consistorios pese a ser el titular de la competencia el Principado. Con la crisis, el pago de esos servicios se dilata hasta el punto de que los ayuntamientos recurren a créditos para cubrir las nóminas de los trabajadores.

En principio estamos ante un conflicto por “competencias impropias”, que se llaman así porque las asumen los consistorios aunque corresponde su desempeño a otras administraciones (Estado o comunidad autónoma). Las competencias impropias son una de las causas de la mala situación económica de las corporaciones municipales. Los alcaldes llegaron a afirmar que dedican un 30% del presupuesto municipal a prestar competencias de titularidad autonómica o estatal. Si esto es así, la situación es improrrogable. Deberían de estar perfectamente delimitadas las competencias de las administraciones, de modo que cada una atienda lo que está establecido por ley. Si por razones de funcionalidad es preferible que los ayuntamientos gestionen algunas competencias autonómicas, la contraprestación económica por esos servicios no puede sufrir demora.

Dentro de la problemática esbozada, los servicios sociales constituyen un caso especial. Desde los tiempos en que las prestaciones sociales no constituían un deber institucional sino una manifestación de caridad (la beneficencia social) estuvieron ligadas a los ayuntamientos. Esta dedicación estaba justificada en la cercanía del Ayuntamiento y su mejor conocimiento de los problemas de los vecinos. Sin rechazar este argumento, creo que en este asunto confluyen otros factores. Las comunidades autónomas tienen unos potentes servicios sanitarios y educativos distribuidos por todo el territorio regional, pero carecen de una red social semejante. Nunca se plantearon desarrollarla, conformándose con tener un aparato burocrático centralizado y repartir fondos. Los propios ayuntamientos tampoco cubren todas las necesidades, cediendo el protagonismo a organizaciones sociales –todas de raíz católica- en el trabajo de calle. Es una labor tan dura y desagradecida, que las comunidades autónomas se conforman con tener un control a distancia.