La consejera de Hacienda ha dado su opinión sobre el rescate solicitado por la Generalitat al Gobierno de España. Dolores Carcedo considera que acudir al Fondo de Liquidez Autonómica no supone la asunción de nuevas exigencias presupuestarias para Cataluña. La afirmación de la consejera se basa en que los planes económico-financieros de las comunidades autónomas fueron aprobados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y esa es la hoja de ruta a la que se tienen que atener el Ministerio de Economía y los gobiernos regionales.

Es evidente que Dolores Carcedo reflexiona sobre lo acontecido en Cataluña pero con la mente pensando en Asturias. Defiende la autonomía de la Generalitat para gestionar las cuentas públicas sin que el Gobierno pueda imponerle más condicionantes, y de esa forma realiza una defensa preventiva de los intereses del Principado para el caso en que tenga que recurrir a financiarse con fondos del Estado. No obstante, la consejera aporta un argumento objetivo (la validez de los planes económico-presupuestarios) sin incurrir en demagógicas visiones subjetivas, por lo que merece la pena ser analizado.

El Gobierno aprobó el plan presupuestario de Cataluña, para el periodo 2012-2014, guiándose por una previsión de gastos e ingresos, como hizo con el resto de planes autonómicos. Ahora bien, cuando el Gobierno asume el riesgo de darle 10.000 millones de euros a Cataluña, en tres ejercicios, tiene que tomar medidas adicionales, porque no sólo está en juego la solidez de las cuentas catalanas, sino el equilibrio presupuestario del Gobierno de España, ya que si la Generalitat no devuelve el dinero el Estado sufrirá un gran quebranto. Esa es exactamente el guión de actuación de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Cuando Grecia, Irlanda y Portugal solicitaron el rescate, los miembros de la troika le impusieron nuevas condiciones. Cuando Rajoy pidió 100.000 millones de euros para la banca española, las instancias europeas le contestaron con un memorando lleno de nuevas exigencias, que exceden los ratios de capitalización impuestos antes de la petición de rescate. Sería de todo punto absurdo que a una comunidad autónoma tan derrochadora como Cataluña, con una deuda desorbitada, recibiera dinero de todos los españoles sin aportar más garantías.