Siempre pensé que en política, y más en política económica, lo sustantivo está en las cifras y lo adjetivo en las palabras. Con el acentuamiento de la crisis económica esta división ha dado paso a una radical contradicción: la verdad está en los números y la mentira en la letra de los discursos. Casi todo lo que dicen, desde Luis de Guindos hasta Griñán, pasando por Rubalcaba y Artur Mas, choca frontalmente con la evidencia de las cifras. Por alguna razón no aclarada, que puede ser la necesidad de mejorar las expectativas electorales o el pánico ante el desastre, los argumentos y pronósticos de nuestros representantes públicos distorsionan la realidad hasta convertir el debate público en una farsa.
Esta semana fue la del hundimiento oficial de las comunidades autónomas, pidiendo al Gobierno que las rescate de la insolvencia que ellas mismas se fabricaron al emitir títulos a corto plazo con un interés desorbitado que supuso una carga financiera imposible de satisfacer. Cataluña reconoció el “default” al pedir urgentemente al Gobierno de España 5.023 millones de euros, con cargo al Fondo de Liquidez Autonómica. El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, amenazó con que en caso de retrasarse la ayuda “entraremos todos en una situación complicada”. Para referirse a los españoles el nacionalismo catalán sólo usa la primera persona del plural cuando demanda solidaridad con sus deudas.
DESMADRE
En los cuatro meses que quedan para acabar el año, sólo en devolución de créditos bancarios y vencimientos de bonos patrióticos, tiene la Generalitat que hacer frente a 5.755 millones. Una región o nacionalidad arruinada en la que los ciudadanos pagan impuestos para devolver deudas, mientras los servicios sanitarios y sociales expiden facturas que nadie abona. Qué extraordinaria responsabilidad la de la ex vicepresidenta socialista de Economía, Elena Salgado, que permitió emitir bonos a un tipo desorbitado, sabiendo que un año más tarde no se podrían amortizar.
Cataluña lidera el desmadre autonómico, seguida por Valencia que cifra su rescate en 4.500 millones para 2012, y en Murcia que solicita 300 millones para acabar el año. No tiene mucho sentido descender a las particularidades de cada comunidad autónoma, porque en este momento hay ya otras cuatro regiones (Andalucía, Castilla-La Mancha, Baleares y Canarias) que han dejado entrever que recurrirán al Fondo de Liquidez Autonómica.
En conjunto, en los cuatro meses que faltan para acabar el ejercicio las comunidades autónomas deberán hacer frente a vencimientos de deuda por valor de 15.838 millones y tendrán que suscribir otros 15.000 millones de deuda para financiar el déficit del 1,5%, fijado para 2012. La deuda autonómica crece como una bola de nieve y se traspasa al Estado (Fondo de Liquidez Autonómica) para que la sufrague.
Con estos datos está claro que el modelo autonómico es insostenible. Ya lo era antes, pero ahora es insostenible a muy corto plazo. De no reconocer esa realidad nos encontraremos con un peligro añadido: la ruina autonómica devendrá en quiebra del Estado. Pues bien, nadie lo dice ni mucho menos actúa en consecuencia. Rajoy muestra su disponibilidad para apoyar a todas las comunidades autónomas, y el debate está centrado en aprobar el rescate sin condiciones o hacerlo con condicionantes políticos. ¿No parece una broma?
Precisamente, fueron los condicionantes políticos de los jefes autonómicos los que trajeron la ruina. Hay un hecho paradójico que siempre se obvia en la discusión sobre la gestión de las autonomías. Hasta hace unos pocos años, las comunidades autónomas recibían el 33% y el 35% de la recaudación de los dos grandes impuestos estatales (IRPF e IVA) y financiaban la sanidad, la educación, los servicios sociales, etcétera. Ahora reciben el 50% de ambos impuestos y el 58% de la tercera gran figura fiscal (Impuestos Especiales: tabaco, alcohol, hidrocarburos) y se declaran insolventes. ¿Qué ha pasado? La respuesta sólo puede venir del generalizado desastre de gestión con inversiones identitarias (campus, hospitales, aeropuertos, televisiones, embajadas, autovías, catedrales de la cultura) y crecimiento del gasto corriente.
ENFERMO Y MORIBUNDOS
Y sigamos con el relato falso: el Estado salvador. El Gobierno de Rajoy ha tirado de chequera para que las autonomías liquidaran las deudas con los proveedores y la broma le ha costado 17.000 millones de euros. A continuación les adelantó la liquidación del ejercicio de 2010, y les dio a los gobiernos regionales otros 8.000 millones. Ahora, con el hundimiento autonómico va a hacer frente a más de 30.000 millones de deuda -entre vencimientos de deuda y nuevas deudas- de las 17 comunidades autónomas.
¿Es mucha carga para el Estado? Los números son elocuentes, el Gobierno central ya ha sobrepasado en siete meses el techo de déficit que tenía asignado para todo el año y registra un desfase de gastos sobre ingresos de 48.517 millones. ¿Puede un enfermo hacerse cargo de 17 moribundos? La respuesta es “no”, pero nuestros políticos rehúsan la pregunta para evitar la respuesta. Tras cinco años de crisis, los dos grandes protagonistas del déficit -cajas (ahora con traje de banco) y comunidades autónomas- operan juntos para desangrar al Estado.