En la Junta de Portavoces de la Junta General del Principado se llegó al acuerdo, por unanimidad, de celebrar el debate sobre el estado de la región. Todos los grupos demandaban al Gobierno la celebración del pleno, y aunque los socialistas se resistían a la idea, propusieron finalmente realizarlo los días 8,9 y 10 de octubre, dando el visto bueno el resto de las formaciones. Con la ubicación del pleno parlamentario en las fechas citadas el grupo del Gobierno considera cumplidas dos condiciones importantes: dedicar el mes de septiembre a la preparación de su congreso y celebrar el debate sobre el estado de la región una vez conocidas las cifras del proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Dada la dinámica de recortes instalada en todos los presupuestos, los datos contenidos en las cuentas nacionales pueden servirle a Javier Fernández no ya de escudo ante la oposición sino de lanza contra el PP.

A los cuatro meses del pleno de investidura es innecesario realizar otro chequeo a la región. A finales del mes de mayo, Javier Fernández explicó en el Parlamento los ejes de su programa, así que resulta excesivo volver a discutir sobre los mismos temas cuando apenas hay variaciones. Gran parte de los intereses asturianos están relacionados con la política del Gobierno central con respecto a las infraestructuras, la industria, la dependencia o el empleo. Cuando todavía no pudo el presidente del Principado fijar una fecha para entrevistarse con Rajoy, va a tener que dar respuesta sobre estas cuestiones por segunda vez ante los diputados autonómicos.

Al inconveniente de verse abocados a repetir el debate de primavera se suma la ceguera de los diputados de la oposición que no se han enterado de que el estado de la región no depende de las decisiones que se tomen en la Cámara autonómica, sino en Madrid y en Bruselas. Nunca tuvieron menos influencia las instituciones asturianas – y las catalanas, las andaluzas, las gallegas, etcétera- en el rumbo de su territorio. Si se quiere ganar tiempo céntrese la discusión en aplicar una rebaja del 10% al techo presupuestario (3.542 millones de euros), porque en las próximas semanas llegará una orden de Bruselas o de Madrid exigiendo un recorte generalizado de recursos por incumplimiento de las previsiones sobre el déficit. A nuestros diputados les puede el gusto por la retórica.