La Conferencia de Presidentes ha terminado con un triple acuerdo sobre el objetivo de la lucha contra el déficit público, la revisión del modelo de financiación autonómica y un nuevo reparto sobre la cuota de déficit asignada por la UE al Reino de España. No es un fruto escaso para una reunión de una sola jornada que trata de armonizar los intereses de 17 territorios heterogéneos con los propios del Estado.

La acción concertada de los gobiernos para rebajar el déficit es un imperativo de la Unión Europea que no admite excepciones ni dilaciones. Por si los pactos con los socios no fueran un condicionante de suficiente entidad, día a día está la prima de riesgo marcando el grado de confianza o desconfianza que tienen los mercados (nuestros acreedores) en la solidez de nuestras cuentas. Mientras Alemania no dicte otra política, seguiremos obligados a reequilibrar ingresos y gastos, y gobiernos autónomos de izquierda y derecha, nacionalistas y no nacionalistas, tendrán que aplicarse en la tarea. El consenso en ese punto era fácil de alcanzar.

El acuerdo sobre la revisión del modelo de financiación apunta a futuros disensos. El actual sistema de financiación se plasmó en una ley orgánica en el mes de diciembre de 2009. Antes de cumplirse tres años, todos los firmantes del pacto, unánimemente, desean cambiarlo. Por lo que se ve, los gobiernos regionales no están conformes con en el reparto de recursos y aspiran a mejorar sus posiciones. Las mejoras de unos serán a costa de la pérdida de otros. No es muy inteligente reabrir el melón de la financiación, pero el órdago de Cataluña fuerza a esa medida. La forma de reconducir el desafío catalán, desde las tesis independistas a las autonómicas o federales, pasa por la revisión del reparto de ingresos fiscales, haciendo concesiones a las regiones ricas.

La redistribución de la cuota de déficit entre el Gobierno central y las comunidades autónomas era una aspiración sentida por los gobiernos regionales. El objetivo global de déficit para este año se elevó en un punto por la Comisión Europea y el Gobierno de Rajoy se quedó con todo el margen para él. En el próximo año tendrá que compartir con las regiones la cuota de déficit. En la práctica, entre el pago a los proveedores de autonomías y ayuntamientos, y el Fondo de Liquidez Autonómica (18.000 millones) ya asumió este año una carga mayor.