El PP hizo una propuesta de reducción del sector público que pasa por suprimir el Consejo Económico y Social (CES) y la Procuradoría General, así como reducir el tamaño del Consejo Consultivo y la Sindicatura de Cuentas. El Gobierno, por su parte, defiende la permanencia del CES, asegurando que no hay argumentos políticos y económicos para eliminarlo, y sobre el resto de organismo se limita a lo que dé de sí la negociación en la Junta General del Principado.

La iniciativa sobre la reorganización del sector público le corresponde al Gobierno regional, debiendo responsabilizarse de encontrar aliados para aprobarla en el Parlamento. Si se renuncia a jugar ese papel, serán los distintos grupos de la oposición los que hagan propuestas. Si se tiene una voluntad decidida de recortar gastos se pueden eliminar los cuatro organismos propuestos, ya que ninguno de ellos es esencial para el funcionamiento correcto de las instituciones. El asesoramiento jurídico y la fiscalización de las cuentas se pueden encargar al Consejo de Estado y al Tribunal de Cuentas. A la Procuradoría General no es necesario encontrarle sustitutos, porque hay infinitas maneras de entretenerse sin gastar tanto dinero. El CES realiza tres o cuatro informes al año, que no resultan vinculantes para las instituciones, así que no es insustituible. El CES costó más de 800.000 euros este año, pero el Gobierno asegura que no hay razones económicas para suprimirlo. Depende de cómo se mire. Casi un millón de euros dentro de un presupuesto regional de 3.700 millones es una minucia, pero un millón de euros es el ahorro por quitar el descanso tras las guardias médicas, y la Consejería de Sanidad mantiene su propuesta pese a la huelga de facultativos. La idea esbozada por el Gobierno de que resulta imposible ahorrar en gastos de personal, ya que al tratarse de funcionarios cobrarán su sueldo aunque se cierre el organismo, es un tanto superficial, porque esos funcionarios desempeñarán un trabajo que ahora es cubierto con interinos y se ahorran en contrataciones eventuales.

En un escenario de derrumbe de ingresos fiscales toda ocasión de ahorro hay que aprovecharla, porque el techo de déficit público será del 0,7% del PIB en el 2013. El problema de cerrar entes públicos estriba en que la gente que trabaja en ellos se ha encargado de hacerse imprescindible.