En la sesión de preguntas al presidente (sigo sin entender por qué en la Junta General del Principado no tiene lugar todas las semanas un pleno para plantear preguntas a Javier Fernández, al igual que en el Congreso de los Diputados se las hacen todos los miércoles a Rajoy), se habló de corrupción y pactos sociales, entre otras cuestiones. El presidente señaló que habría que llegar a un acuerdo sobre cuándo se debe cesar a un cargo público; Javier Fernández se inclina a pensar que lo adecuado es separarlo de la responsabilidad pública cuando se abre juicio oral. Creo que es una propuesta adecuada, pero debería extenderse al interior de los partidos, ya que expulsar de la organización a un afiliado por ser citado en calidad de imputado, me parece un apriorismo que se compadece mal con la presunción de inocencia y, en cualquier caso, debería obligar a tomar medidas extraordinarias de reparación si resulta, finalmente, absuelto. Es una incongruencia expulsar a bombo y platillo a un militante de un partido al primer contacto con una causa penal, y mantener de director general o de consejero a otro hasta que resulte formalmente acusado al cerrarse el sumario. Estamos en una época de enorme sensibilidad hacia las prácticas corruptas, pero hay que mantener un equilibrio entre los intereses generales y los inalienables derechos individuales.

Álvarez-Cascos ha criticado el acuerdo de concertación social (AEPA) firmado hace quince días entre el Principado, las centrales sindicales y la patronal, al considerar que entronca con los usos de la democracia orgánica y el verticalismo. Para Álvarez-Cascos, el Gobierno regional acude al pacto social para compensar la ausencia de un programa de gobierno. Por su parte, Mercedes Fernández señaló que las sesenta páginas del AEPA no sirven para nada y denunció la práctica insana de la concertación asturiana, en que los agentes sociales sustituyen al Parlamento a la hora de asignar recursos.

La crítica de la oposición a la concertación tiene fundamento. El pacto social se ha convertido en un aval político de sindicatos y empresarios al Gobierno, en vez de expresar los compromisos de los agentes con el mantenimiento del empleo y la moderación de rentas. Una ceremonia confusa en que el Gobierno se compromete a realizar inversiones y gastos ante quienes no tienen capacidad legal de control.