En el homenaje anual a Manuel Llaneza, fundador del Sindicato Minero, Javier Fernández se refirió a la situación del carbón, por doble motivo: el marco en el que desarrollaba su discurso y la candente actualidad de la minería del carbón, cercada por los recortes del Gobierno, la actitud de las empresas eléctricas y la hostilidad de la Comisión Europea. El presidente del Principado pidió que se liberen las ayudas a las explotaciones mineras para que los trabajadores no sean víctimas de un problema creado por otros. El Gobierno central se muestra dispuesto a discutir sobre las subvenciones del año 2013, cuando todavía no se pagaron los 111 millones de euros correspondientes a 2012. Un retraso que el Ministerio de Industria ha justificado durante los últimos meses basándose en razones técnicas que no ha concretado.

Curiosamente, hace unos días salió a la luz un hecho sorprendente, consistente en la desaparición de medio millón de toneladas de Hunosa que estaban almacenadas en uno de los depósitos estratégicos ubicado en terrenos de Victorino Alonso, el mayor empresario minero de Europa. El conflicto creado entre Hunosa y Victorino Alonso ha sido aprovechado por el Gobierno para retener el pago de las ayudas a las explotaciones del empresario privado. Es necesario que se aclare este asunto, bien sea por la vía de la negociación entre empresas o acudiendo a los tribunales, pero lo que no tiene sentido es que el Gobierno penalice a una empresa, y a sus trabajadores, por un asunto que no tiene nada que ver con el cumplimiento del plan del carbón. De prolongarse la negativa del Gobierno, las dos empresas de Victorino Alonso en Asturias pudieran entrar en vías de disolución.

En paralelo al grotesco incidente del medio millón de toneladas desaparecido, han surgido nuevos problemas para la minería, dada la decisión de todo el sector eléctrico de no quemar carbón nacional en sus térmicas. Los operadores eléctricos dicen que perderían dinero utilizando carbón nacional ya que el Gobierno no incluye los nuevos impuestos creados por el ministro Soria. El lobby eléctrico ha solicitado de los tribunales la aplicación de “medidas cautelarísimas”, para detener el programa de compra de carbón. Con 2.800 mineros en Asturias, el sector nunca atravesó una coyuntura peor. Javier Fernández debería retomar el diálogo con Rajoy.