El Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido temporalmente la aplicación del impuesto sobre la banca del Principado. Mientras el TC no se pronuncie a través de una sentencia, deberá decidir cada cinco meses si prolonga la suspensión temporal del impuesto o la levanta. El Gobierno regional va a presentar alegaciones contra el recurso de Rajoy, y pedirá al Consejo Consultivo y a los servicios jurídicos del Principado un dictamen para impugnar el impuesto estatal aprobado por el Gobierno central.

Se produce la secuencia esperada. El Ministerio de Hacienda está dispuesto a impedir que las regiones graven los depósitos bancarios. En cuanto el Tribunal Constitucional falló a favor de los intereses de la Junta de Extremadura, Cristóbal Montoro recurrió al artificio de implantar un tributo sobre la banca con tipo impositivo cero. Una medida que supone una contradicción en sí misma, ya que la aplicación de cualquier impuesto busca la finalidad de recaudar, y poniendo un gravamen de tipo cero no se recauda nada.

Desde una perspectiva política, lo más grave del asunto está en la intención de Rajoy de apelar a una maniobra torticera que sólo busca cercenar la capacidad de las comunidades autónomas de establecer tributos. Durante muchos años se criticó la actitud de los gobiernos regionales con respecto a los impuestos. Ningún Ejecutivo autonómico elevaba el tipo impositivo del IRPF, por poner un ejemplo, dejando al Gobierno central el papel de subir los tributos para financiar el gasto de las comunidades autónomas. Los gobiernos regionales se comportaban como menores de edad, siempre dispuestos a gastar, pero incapaces de asumir el ingrato papel de pedir dinero a sus ciudadanos. Esta forma de proceder cambió con la crisis, asumiendo las comunidades autónomas el coste de elevar los impuestos. En Asturias, aumentaron varios tributos (IRPF, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, etcétera), al igual que en otras regiones. Con el veto establecido por Rajoy se da un paso atrás, asumiendo el Estado una autoridad sobre los tributos autonómicos que no está contemplado en las leyes. En un momento de gran sensibilidad autonómica, con la Generalitat haciendo los preparativos para una consulta de autodeterminación, impedir que las regiones puedan poner un impuesto a la banca le puede salir muy caro al Gobierno central.