El ex viceconsejero de Bienestar Social, Ángel González, actual portavoz parlamentario de IU, ha sido imputado por el delito de prevaricación, ya que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) aprecia indicios de fraccionamiento ilegal en la tramitación y ejecución de contratos menores realizados en el año 2010, cuando estaba en el poder el Ejecutivo de coalición, PSOE-IU. El asunto nació de una anotación realizada por la Sindicatura de Cuentas que fue trasladada al Tribunal de Cuentas, y de ahí se remitió a la Fiscalía del TSJA. Entre las irregularidades encontradas por la Sindicatura, también las había referidas a la Consejería de Educación y a la Consejería de Administraciones Públicas, pero al final los contratos de estos departamentos fueron archivados.

El supuesto delito cometido por Ángel González consiste en contratar 76 monolitos para fosas comunes, por un valor de 50.000 euros, en tres fases, en vez de realizar la compra en un solo lote como contrato de suministro. Al fraccionar la compra en tres veces se trata de contratos menores (inferiores a 18.000 euros) que se pueden adjudicar a dedo. El portavoz de IU señaló que no tenía sentido comprar 76 monolitos de una vez, para ir poniéndolos por toda la geografía regional en distintas fechas.

No discuto la impecable valoración jurídica de los fiscales, pero desde una perspectiva política, el asunto, tal como aparece expuesto, es anecdótico. Dicho de una manera rápida: en todas las comunidades autónomas, sin excepción, los consejeros convierten compras muy por encima de los 50.000 euros en contratos menores, por el método del fraccionamiento. El otro día, sin ir más lejos, el ex consejero de Hacienda, Jaime Rabanal, admitió como una práctica habitual el fraccionamiento de los contratos. En cuanto al trabajo de la Sindicatura de Cuentas cabe reseñar que en el mismo ejercicio de 2010, desde la Consejería de Educación, se realizaban operaciones de aprovisionamiento con dos empresas sin seguir las pautas del Derecho Administrativo. Lo saben todos los asturianos y hay un famoso sumario judicial abierto, pero no se remitió nada al Tribunal de Cuentas. Uniendo los dos razonamientos, se puede colegir que en esto de la lucha contra la corrupción ocurre como en los toros: depende de las ganaderías. La divisa de Ángel González es apta para una faena de aliño.