El portavoz parlamentario de IU, Ángel González, ha recibido el apoyo de la Presidencia de IU, órgano restringido (en IU, un órgano reducido tiene 45 componentes) de dirección del partido, y el respaldo de Cayo Lara, máximo dirigente nacional de la organización. El líder de IU señaló que la actuación de Ángel González no tiene nada que ver con corrupción. Puesto a explayarse, Cayo Lara separó prevaricación de corrupción, metiéndose en una disquisición teórica para lo que no está equipado, aunque se le entendió lo que quería decir: de la actuación de Ángel González no se derivó ningún lucro personal ni aprovechó la fragmentación de contratos para beneficiar a terceros ni para obtener un fin distinto del previsto al reservar 50.000 euros para colocar monolitos. La intervención de Cayo Lara es un apoyo incondicional a la dirección regional de IU, cuestión de gran importancia cuando se inicia un proceso de lucha interna que puede acabar en medidas disciplinarias. La palabra del coordinador general de IU sirve para dejar al portavoz parlamentario protegido por el manto de la ortodoxia.

En la Presidencia de IU hubo un vivo debate entre el sector crítico, identificado con las grandes agrupaciones (Gijón, Oviedo, Avilés, Langreo), y el equipo de González Orviz y Ángel González. El argumento de los críticos fue el esperado: el portavoz parlamentario debe dejar la Junta General del Principado por coherencia. Como Orviz había dicho que los cargos públicos imputados tendrían que abandonar las instituciones, piden ahora que se aplique la medida al portavoz. Expuestas las premisas, el silogismo sale solo, pero el razonamiento sólo deja en solfa el discurso de Orviz no el proceder de Ángel González, que no discuten los críticos, porque tal vez alguno de ellos, dentro del escaso bagaje de gestión de IU, haya tenido que acudir alguna vez al fraccionamiento de contratos, una práctica que se realiza en todos los gobiernos autonómicos y en la mayoría de los ayuntamientos. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra.

La petición de dimisión tuvo ribetes demagógicos, al asegurar que no se trataba de un ataque político ni personal. Es imposible tomar una medida disciplinaria de tanto alcance (retirada del acta de diputado, expulsión de la organización) desde la neutralidad política. Un capítulo más de la lucha por el poder.