El PP propone que los contratos menores –inferiores a 18.000 euros- sean supervisados por la Intervención del Principado. Esta era la práctica habitual hasta el año 2004, cuando Álvarez Areces decidió prescindir de este control.

La propuesta conecta con el clima de susceptibilidad existente hacia los actos de disposición de los políticos. Los contratos menores se adjudican a dedo, sin falta de someterlos a concurso ni a la presentación de ofertas alternativas, de modo que el control de los interventores puede detectar trato de favor y sirve para determinar si se está en presencia de un suministro de pequeña cuantía o si es de mayor cuantía y se trocea aviesamente para poder eludir la competencia y darlo al empresario amigo. En teoría, la medida es acertada y sirve para reforzar la legalidad de las actuaciones del Principado. Sin embargo, si descendemos al terreno práctico, las cosas no están tan claras. En la Administración autonómica se realizan decenas de miles de contratos menores, de modo que cualquier intento masivo de fiscalización retardará extraordinariamente unas contrataciones que ya son mucho más lentas de lo que sería menester. Si se sustituye el control preceptivo por un muestreo aleatorio, la gran mayoría de los contratos menores quedarán sin auditar. Creo que sería mucho más práctico que el jefe de servicio de turno enviase a los interventores aquellos acuerdos con proveedores o suministradores que no encajan en la modalidad de contratos menores. Aún con todo, el troceamiento de contratos no busca siempre un fin espurio, ya que en muchas ocasiones es la única manera de adelantar las actuaciones. En la Administración central, en todas las comunidades autónomas y en multitud de ayuntamientos se acude a esta práctica sin que dé pie a una sospecha generalizada.

Con la imputación judicial a Ángel González, los contratos menores han adquirido un gran protagonismo en el debate público asturiano, y de ahí la propuesta del PP. Sin desdeñar la necesidad de intensificar el control sobre ellos, la realidad enseña que las mayores trampas de la Administración no cursan por esa vía. Tomemos como ejemplo el “caso Renedo”. ¿El presunto trato de favor a los empresarios encausados provenía del troceameinto de contratos o de la adjudicación de las actuaciones a una sola empresa que se revestía con tres ofertas distintas?