La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha adoptado dos acuerdos: la rebaja del objetivo del déficit público, aceptando la fijación de techos distintos para cada región, y la revisión del sistema de financiación autonómica, para la que se ha creado una comisión. El primer asunto, el establecimiento de topes de déficit por encima del 0,7% del PIB que estaba fijado para 2013, queda condicionado al visto bueno de Bruselas. En cuanto a la reforma del sistema de financiación autonómica, la única duda reside en el tiempo que llevará llegar a conclusiones concretas.

Cristóbal Montoro ha tomado una pésima decisión, al acabar con la uniformidad en la exigencia del cumplimiento del déficit de las comunidades autónomas. Sólo se podría defender la fijación de distintos topes de déficit a las regiones, si se hubiera acordado un criterio racional, como sería dar más margen a las comunidades que hicieron el pasado año los deberes, como es el caso de Asturias. De las declaraciones de los distintos gobiernos autonómicos se desprende que la cosa va a ir en sentido opuesto, relajando los compromisos de los gobiernos manirrotos (léase, Cataluña, que tiene deudas por las obras realizadas que duplican su presupuesto, que roza los 40.000 millones), y actuando con más celo con las regiones que se esforzaron seriamente por aminorar la diferencia entre gastos e ingresos. El ministro de Hacienda no ha presentado ninguna condición, quedando con las manos libres para poner límites distintos a cada territorio. Como la Unión Europea va a dar un año más a España para realizar la consolidación fiscal, las comunidades autónomas no tendrán que ceñirse al objetivo del 0,7%, que era ley hasta ahora.

El escenario está claro, la política de estabilidad presupuestaria va a negociarse de forma bilateral, en encuentros del Ministerio de Hacienda con los gobiernos regionales. Sentada esta premisa, las regiones más poderosas, aunque sean proclives al despilfarro, obtendrán un tope más elevado de déficit, y las regiones más débiles (escasa población es sinónimo de debilidad, en el debate territorial) asumirán la carga más pesada del recorte de gastos. Al final, lo importante no es que Asturias salga perjudicada -que de hecho así va a ser-, sino que la política nacional de lucha contra el déficit va a naufragar. Y todo por contentar a Artur Mas.