La maquinaria judicial avanza. El recurso de reforma presentado por ex alcalde de Cudillero, Francisco González, ha sido desestimado por el juez, así que el diputado socialista continúa imputado por los delitos de cohecho y exacciones ilegales. A partir de ahora, tienen las partes cinco días para redactar sus conclusiones que previsiblemente cerrarán el sumario. Se espera que en unos días se fije fecha para el juicio oral en el que se dilucidará si el ex alcalde estaba detrás de un presunto cobro de la Policía municipal a los hosteleros por vigilar sus negocios.

La doctrina fijada por Javier Fernández establece que los cargos públicos deben abandonar su responsabilidad en el momento en que se abra contra ellos juicio oral. El presidente del Gobierno y líder de los socialistas no propone que queden suspendidos de sus funciones representativas cuando sean imputados, sino cuando cerrado el sumario lleguen al juicio acusados de presuntos delitos. Durante los mandatos de Felipe González, desde el Gobierno central se quiso fijar otra doctrina, al pedir la devolución del escaño a los diputados cuando hubiera sentencia condenatoria. Por más que se quiera hacer prevalecer la presunción de inocencia, simultanear durante tanto tiempo la doble condición de cargo público y acusado de delito resulta muy gravoso para la función representativa que se desempeña. Comparecer como imputado ante un juez para ser interrogado no es suficiente para pedir el abandono de la política, pero esperar a la sentencia firme es un dislate. En esta cuestión parece que Javier Fernández se inclina por situar en un término medio la petición de responsabilidades.

Ni el interesado ni sus compañeros de grupo parlamentario hacen declaraciones sobre la decisión que se va a tomar. Puestos a establecer hipótesis, me inclino a pensar que el asunto ya está negociado entre Francisco González y la dirección del partido. Es un peso pesado del socialismo, ganador seis veces por mayoría absoluta de la Alcaldía de Cudillero, así que la organización es más que probable que le haya buscado otro destino. En caso contrario, el proceso penal puede dar paso a un escándalo político, porque Francisco González no es el típico militante disciplinado que aguanta en silencio los sinsabores. Además, hay un detalle añadido: la mayoría parlamentaria depende de ese escaño.