El fiscal solicita condena de cuatro años de suspensión para empleo o cargo público y una multa de 14.400 euros para Francisco González por el delito continuado de exacciones ilegales, al cobrar el servicio de seguridad que prestaba la Policía de Cudillero a los chiringuitos de los hosteleros durante los meses de verano.

El ex alcalde pixueto y actual diputado socialista está en una situación preocupante. Una vez que eleve sus conclusiones la defensa, quedará a disposición de la decisión final del juez, que posiblemente lo ubique en el banquillo. De confirmarse esta hipótesis, debería renunciar al escaño parlamentario, según pauta propuesta por el secretario general de la FSA, Javier Fernández. La operación de marcharse con su escaño al Grupo Mixto no la contempla el PSOE. Sería un final catastrófico que afectaría al equilibrio de fuerzas entre el bloque del Gobierno y sus aliados, y la oposición de centro-derecha.

Atrás quedan los seis mandatos en que ejerció Francisco González un poder omnímodo en Cudillero, tras obtener la candidatura que encabezaba la mayoría absoluta de la corporación municipal. El resultado del juicio es imprevisible, pero el escaño perdido no tendría devolución. La organización socialista cuenta con mayoría de edad, así que suele resolver bien las situaciones internas delicadas, aplicando altas dosis de discreción y sentido práctico. En pocas palabras: cuando Francisco González supere esta engorrosa peripecia el partido no se habrá olvidado de él, y tendrá reservado algún cometido.

A su escala, los alcaldes tienen más poder que los presidentes de gobierno, porque el pleno municipal no tiene las mismas funciones de control que una cámara parlamentaria. En el Congreso de los Diputados o en la Junta General del Principado, a los presidentes les dan la palabra, mientras que los alcaldes poseen funciones ejecutivas y, a la vez, ordenan y zanjan los debates plenarios. Cuando les parece retiran un asunto del debate y la oposición se queda con la palabra en la boca. Un alcalde con mayoría absoluta tiene muy pocos contrapesos, aunque ahora la Reforma Local pretende dar a los interventores una autonomía mayor que los convierte en inspectores de las actuaciones del propio alcalde, sin quedar sometidos a su disciplina. Puede ser una manera eficaz de controlar el caciquismo.