La Sanidad, la Educación y los Servicios Sociales son de competencia autonómica. Los gobiernos regionales gastan dos tercios de sus presupuestos en financiar estas prestaciones. Cerca del 70% de los empleados del Principado están concentrados en esas áreas. En plena recesión económica, la extensión de estos servicios, gratuitos y universales, constituyen una prueba de solidaridad y cohesión social. En definitiva: son más necesarios que nunca. El resto de cuestiones quedan en un segundo lugar, aunque en una sociedad con el 24% de paro la confección de un plan de empleo bien pudiera incluirse dentro de la política social y es, a día de hora, la mayor carencia del Principado, cuando transcurrieron once meses desde el inicio de la legislatura.
Dentro de este escenario se ha puesto de manifiesto la crisis de los servicios sociales, los que están directamente relacionados con las personas que no tienen recursos, los llamados a paliar los efectos más duros de la crisis económica. Entre la caída de la recaudación y los recortes de Rajoy, la atención social del Principado se resiente en todos los programas, bien sea en los incluidos en el llamado Plan Concertado, como en el salario social, modalidad inaugurada por los gobiernos de coalición de Álvarez Areces y puesta en vigor por el tesón de IU, ya que sin la beligerancia de esta fuerza política dudo que alguna vez se hubiera implantado.
SALARIO SOCIAL
En la actualidad, la tramitación del salario social dura año y medio. Los demandantes de esta prestación son familias sin ningún tipo de recursos, y si queremos hacernos una idea de la escena humana, digamos que el prototipo del demandante es una familia monoparental con hijos menores de edad: mujer divorciada, en paro de larga duración y con cargas familiares. En esa situación demorar dieciocho meses la respuesta es lo mismo que denegarla. Es igual que si un servicio de bomberos tardara seis u ocho horas en llegar a los inmuebles en llamas. En algunas prestaciones públicas, la urgencia forma parte de la esencia del servicio y el salario social es una de ellas.
En el último gobierno de coalición de izquierdas (2008-2011), la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, entonces en manos de Noemí Martín (IU), acumulaba importantes retrasos en la tramitación de las demandas sociales, aunque inferiores a las actuales. La consejera y su equipo lo achacaban a falta de medios humanos y materiales, dando a entender que el déficit se debía a la tensión entre socios de gobierno que se concretaba en las resistencias de los socialistas a destinar más funcionarios a la tarea.
No dudo que tuviera parte de razón la consejera, pero el problema es más profundo, como se ve en la actualidad. El Principado ha creado un programa cuya demanda le desborda en cuanto estalló la crisis económica. Dilatar la respuesta a los solicitantes tiene dos efectos: se evita el coste del rechazo, al mantener la puerta abierta a la esperanza, y se traslada el problema a los ayuntamientos, a cuyas puertas pican clamando ayuda los necesitados. Mientras el Principado sigue lentamente la tramitación del salario social, alcaldes y concejales, con un presupuesto infinitamente menor que el del Gobierno regional, conceden las ayudas de emergencia, para que los desposeídos puedan acceder a un mínimo poder de compra para resolver las necesidades básicas.
GIJÓN
Un ejemplo claro es el Ayuntamiento de Gijón, que había presupuestado para 2013, 1.058.000 euros en emergencias, y ya ha tenido que tirar de reservas para destinar otros 700.000 a las ayudas de emergencia. Con el salario social colapsado damos un salto hacia atrás en la asistencia social: todo queda en manos de las ayudas municipales, con el agravante de que en la actual coyuntura los alcaldes están solos y no reciben nada del Principado. La cobertura dada a 385 familias gijonesas -682 euros mensuales a cada una de ellas- no es cofinanciada por el Gobierno regional. Al Ayuntamiento de Gijón no ha retornado ni uno solo de los euros gastados.

Con distintos datos, esta misma situación se da en otros consistorios, como el de Oviedo, lo que lleva a preguntarse sobre el tiempo que se va a mantener esta anomalía, basada en la conversión del salario social en una prestación municipal, sin que los ayuntamientos estén mínimamente preparados para ello y cuando se anuncia el fin de las llamadas, “competencias impropias”, con la inminente Reforma de la Administración Local.
RAJOY
El Gobierno de Javier Fernández tomó por bandera la defensa de los servicios esenciales y ahora ha estallado la crisis en el sector más sensible, los servicios sociales, encubierta bajo una casuística material (escasos funcionarios, problemas de aplicaciones informáticas) que no sirve para detener la marea de peticiones a los ayuntamientos.
Para ser justos, añadamos que ha contribuido al marasmo el recorte de Rajoy a los servicios sociales. Sin incluir a la ayuda a la Dependencia, Asturias recibía 3 millones de euros del Gobierno central y, en dieciséis meses de Gobierno del PP, se han quedado en 859.000 euros. En Gijón, la Teleasistencia para octogenarios ha quedado borrada del mapa: de 500.000 euros a cero. Nuevamente, el Ayuntamiento gijonés tiene que echarse la carga sobre la espalda duplicando la cobertura a los octogenarios (un millón de euros), ante el recorte de Rajoy y la inhibición del Principado. Estamos ante un problema político de primer orden.