La polémica nacional en torno a la normativa sobre los desahucios, abierta con el proyecto de ley de la Junta de Andalucía, va a tener su variante asturiana. El asunto tiene un gran interés público, ya que es un tema sangrante que en España ha adquirido una dimensión mucho mayor que en otros países de la UE por la legislación vigente, tan antisocial sobre las hipotecas, y por la trampa del ladrillo en la que han caído familias e intermediarios financieros.

Sobre la mesa hay dos alternativas, la expuesta por el Gobierno que rechazan las plataformas de afectados y los partidos de izquierda, y el proyecto de ley de la Junta de Andalucía que propone expropiar los pisos a los bancos para que no puedan poner en la calle a sus moradores. Esta última es bien vista por los partidos políticos y colectivos sociales que chocan con el Gobierno. En Asturias, el Gobierno regional estudia una tercera vía que evita el mecanismo de la expropiación, con el concurso de 600 viviendas vacías que son propiedad del Principado y pueden servir para evitar que las familias desahuciadas queden en la calle. La propuesta abre el debate entre la izquierda asturiana, porque IU es firme partidaria de importar la norma andaluza, así que el enfrentamiento está servido.

El PSOE tiene argumentos sólidos a su favor. La situación social en Asturias no está tan deteriorada como en Andalucía. Allí hay un 35% de paro, once puntos porcentuales más que en nuestra región, y una lista prevista de desahucios abrumadora. A mayor abundamiento, en Andalucía no tienen un parque de vivienda pública infrautilizado, así que disponen de un margen de maniobra inferior al del Principado. También IU tiene bazas a su favor para el debate. Si el espectro sociológico de la izquierda, y destacados dirigentes del PSOE, recibieron con satisfacción la alternativa andaluza, no puede haber impedimento para que se aplique en Asturias y en el resto de las regiones. Es más, como en la Junta de Andalucía hay un gobierno de coalición, PSOE-IU, la propuesta de este órgano de gobierno autonómico tiene visos de configurarse como la respuesta de la izquierda a la norma de Rajoy. Las bases expuestas dan pie para pensar que la mayoría parlamentaria del Principado se va a romper cuando se debata este asunto en la Cámara. El grupo socialista va a tener que buscar nuevos aliados o asumir la alternativa andaluza.