El Principado ha logrado un acuerdo con siete bancos para realojar a las familias desahuciadas en pisos alquilados, con el compromiso de pagar un arriendo que ronda los cien euros. ¿De dónde sale esta cantidad? Las familias pagarán un 30% de su renta familiar, que dada la casuística concreta de los desahuciados reduce el pago a cien euros, según los datos que maneja el Principado. En cualquier caso, para las personas que gocen de rentas superiores, el acuerdo fija un tope máximo de cuatrocientos euros de arriendo. El alquiler será por el periodo de un año, prorrogable a tres. IU considera que la oferta es insuficiente y que es imprescindible acudir a la fórmula propuesta por la Junta de Andalucía, consistente en expropiar a los bancos los pisos de las personas desahuciadas, por un periodo de tres años.

La propuesta del Gobierno regional es excelente. Estar tres años viviendo en una casa por el pago de cien euros mensuales supone disfrutar de un bien por un precio muy inferior al que rige en el mercado. Si el conjunto de la población hubiera tenido la posibilidad de residir en inmuebles con ese alquiler, nunca se hubiera hinchado la burbuja de la venta de pisos. Ya sé que tres años pasan pronto y que no se atisba una mejoría en el mercado de trabajo, pero la operación del desahucio perdería dramatismo si todas las familias tuvieran abiertas las puertas de un nuevo piso a cien euros. Llama la atención el comportamiento magnánimo de las siete entidades de crédito que ceden inmuebles por un precio tan módico. No entiendo cómo los bancos no hacían ellos, directamente, esa oferta a las familias que iban a embargar. Estoy convencido que el número de desahucios hubiera quedado reducido a menos de un diez por ciento si a las personas asfixiadas por la hipoteca les hubieran dado la posibilidad de seguir viviendo en sus pisos a cambio de cien euros.

Como estaba previsto, IU sigue adelante con su iniciativa. La mayor diferencia entre las dos alternativas (la del Principado y la de IU) descansa en el mecanismo de expropiación, que pese a ser temporal, supone un castigo material y moral a la banca. Arrebatar las viviendas a los bancos por tres años es lo mismo que señalarlos con el dedo como culpables del drama de los desahucios. Los bancos viven de la imagen, de la confianza que despiertan, y si quedan identificados con los fondos buitre hacen un mal negocio.