De puertas para adentro, los gobiernos autonómicos aceptan la imposición del déficit a la carta, política acordada por la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Hacienda para dulcificar el ajuste fiscal en las regiones que tuvieron un déficit público más alto en los anteriores ejercicios. De puertas para afuera, las regiones que cumplieron con el ajuste (dos tercios de los territorios) se oponen a que el Gobierno fije distintos topes de déficit en función de la comunidad autónoma que se trate, pero no deja de ser un discurso para la galería, ya que se resignan a pasar por el aro de Cristóbal Montoro. No hay que olvidar que la inmensa mayoría de las regiones está gobernada por el PP.

De la resignación se pasa a la conveniencia. Los gobiernos autónomos resaltan determinadas características para tener derecho a elevar el límite del déficit. Las regiones que se consideran mal financiadas, como Madrid o Murcia, dicen que tienen derecho a tener un mayor desfase entre gastos e ingresos. Otras, como Valencia, sacan a relucir el concepto técnico de “déficit primario” (diferencia entre gastos e ingresos sin contar los intereses de la deuda) para justificar la necesidad de tener un tope de déficit más abultado. La Junta de Andalucía no se anda con rodeos y pide que se conceda cuotas de déficit en función de la población. Como es la región más poblada tendría derecho a más déficit. Pronto vendrán otros portavoces autonómicos hablando del envejecimiento de la población, de la dispersión de los habitantes, de la orografía del terreno o del tamaño de la población escolar. ¿Qué les recuerdan estos argumentos? Ni más ni menos que la repetición del largo debate sobre el modelo de financiación autonómica.

La confusión entre el déficit público y el sistema de financiación territorial revela el carajal en que ha metido el Ministerio de Hacienda las cuentas regionales. Una cosa es establecer la secuencia del ajuste fiscal, reduciendo cada año la diferencia entre gastos e ingresos, y otra muy distinta fijar los recursos que deben destinarse a pagar la sanidad, la educación o los servicios sociales. Llama la atención que Cristóbal Montoro, una persona experimentada en la materia desde los tiempos de Aznar, conduzca con tanta torpeza este debate político. Esto va a acabar mal, entendiendo por ello la quiebra de la lucha contra el déficit.