El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite el recurso del Principado contra el impuesto a los depósitos bancarios a tipo cero establecido por el Gobierno central. Estaba cantado que el TC tomaría en consideración el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno asturiano, al igual que aceptó una iniciativa semejante presentada por la Generalitat catalana. En su argumentario, el Principado afirmaba que el Gobierno de Rajoy actuaba de forma irresponsable y “rozando el fraude de ley”. El alto tribunal tienen la última palabra, aunque el impuesto implantado por el Ministerio de Hacienda tiene toda la apariencia de infringir la legalidad, porque un tributo a tipo cero es un disparate conceptual, una propuesta extravagante, propia de gobernantes que se encuentran tan sobrados que recurren a actuaciones estrafalarias para cortar las iniciativas de otras administraciones. Como el Ministerio de Hacienda no quería que las comunidades autónomas gravaran a los bancos decidió inventarse un impuesto nominal sin repercusión real (impuesto a tipo cero supone recaudar cero euros) e impedir que los gobiernos regionales pudieran implantar un tributo a la banca, por la imposibilidad legal que existe de establecer más de un impuesto sobre un hecho imponible. Como bien argumentó la Generalitat, el Estado no ha aprobado un impuesto, sino que finge haberlo fijado.

Cristóbal Montoro ha corregido su estrategia al anunciar la aprobación de un gravamen sobre los depósitos bancarios de 0,2 euros por cada mil, dentro del conjunto de medidas contra el déficit. Podría llegar a recaudar 300 millones en toda España, aunque no es tan importante lograr ese saldo como impedir que las comunidades autónomas puedan obtener ingresos de los bancos.

Una vez reconocida la autonomía de los gobiernos regionales para gravar las actividades económicas y financieras que consideren oportuno, no está de más entrar en el fondo del asunto. Los bancos recibieron 38.000 millones de euros de la UE, dinero que tienen que devolver. Además, la banca tiene que revisar 125.000 millones de créditos refinanciados en los próximos meses. Sometida la actividad financiera a una prueba de estrés brutal, lo último que necesita es que las comunidades autónomas pongan sus ojos en ella para costear el déficit sanitario con un gravamen sobre los depósitos.