En el debate de investidura y en los mensajes de los primeros meses del Gobierno de Javier Fernández, el Principado se esforzó por subrayar que recortaría el déficit público, tal como dictan la Comisión Europea y Mariano Rajoy, pero sin traspasar las líneas rojas del mandato. La frontera en la política de consolidación fiscal estaba en mantener la calidad de las prestaciones en sanidad, educación y servicios sociales. Un trimestre largo de huelga de médicos dañó la asistencia sanitaria, si bien se realiza ahora un gran esfuerzo por recuperar el terreno perdido (la lista de espera quirúrgica ya se redujo a la mitad) recurriendo al concierto con la iniciativa privada.
Sin embargo, las líneas rojas han quedado traspasadas por la crisis de los servicios sociales, área de trabajo donde cada día que pasa empeora la situación. La reprobación parlamentaria de la consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, ha demostrado que con la política social del Principado discrepan los cuatro partidos de la oposición, los ayuntamientos, las docenas de asociaciones sin ánimo de lucro que operan en ese campo y los profesionales del sector. Un amplio consenso en contra de los métodos, objetivos y resultados de la Consejería de Bienestar Social.
El complejo reparto de competencias hace que las tres administraciones (Estado, Principado y ayuntamientos) participen en la gestión de los servicios sociales. La política de Rajoy, en los diecisiete meses que lleva en el poder, ha consistido en disminuir la aportación del Estado a la atención social. Primero, con pequeños recortes, y en el presupuesto de 2013, a base de grandes tajos. Sin incluir la ayuda a la Dependencia, Asturias recibía tres millones de euros, y ahora la cantidad ha quedado reducida a 859.000 euros. A partir de esa realidad, opera la gestión del Principado.
TRUCO
El discurso de la defensa a ultranza de las políticas del Estado del Bienestar ha hecho que el Principado se adelantara a manifestar que el terreno abandonado por el Gobierno de Rajoy lo ocupaba el Principado, aportando financiación suplementaria para compensar a los ayuntamientos de la pérdida de recursos. Sin embargo, los consistorios han visto cómo el anuncio tenía truco: se mantiene el dinero, pero algunos servicios, como la teleasistencia, que antes cubría el Gobierno central, se han endosado a los ayuntamientos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Gijón tiene que hacer frente a un nuevo gasto de 500.000 euros, si quiere mantener la atención a los octogenarios. De ahí, que todo el conjunto de prestaciones, contemplado en el llamado Plan Concertado, todavía no haya sido firmado por los ayuntamientos.
La quiebra de los servicios sociales tiene un segundo gran apartado, quizás aún más sangrante que el anterior, en el que no participa el Estado: el salario social. Es una prestación implantada por el Principado en los años de la abundancia, por insistencia de IU, que formaba parte de los gobiernos de Álvarez Areces. La prestación del salario social está colapsada. La lista de espera se ha incrementado en un tercio desde la formación del Gobierno de Javier Fernández. Los demandantes del salario social están 19 meses guardando cola hasta que reciben la primera paga. ¿Qué familia puede vivir más de año y medio sin recursos?
La solución consiste en picar a la puerta de las corporaciones municipales para que les den una ayuda de emergencia. En Gijón, cuatrocientas familias, a la espera de salario social, reciben 682 euros mensuales del Ayuntamiento. En resumen, los ayuntamientos tienen que financiar programas (teleasistencia) de los que antes se hacía cargo el Estado y, además, deben multiplicar los recursos para las ayudas de emergencia, ya que el salario social del 2013 no se cobra hasta 2015. La línea roja de los servicios sociales ha quedado ampliamente rebasada.
RETRASO
Con 122.700 parados, las iniciativas contra el paro constituyen otra línea roja que la política de recorte de déficit público no debe traspasar. El presupuesto del Principado de 2013 se aprobó en los últimos días del pasado año, y cinco meses más tarde todavía no se dedicó ni un euro para rescatar a personas del desempleo. Las políticas urgentes las gestiona el Gobierno regional a cámara lenta. Se ha anunciado la creación de dos planes de empleo, uno para jóvenes y otro para mayores de 45 años, respaldados por algo más de 19 millones de euros al año (58 millones hasta finales de 2015).
En un contexto tan dramático, con el mayor desempleo de la historia en Asturias, se trata de planes que se diseñan tarde y con grandes limitaciones de recursos. Las decenas de miles de desempleados de larga duración que hay en nuestra región no tendrán una ocupación paliativa mínima ni una cobertura social satisfactoria, más allá del abrigo que les proporcionen los ayuntamientos.
El discurso de las líneas rojas del Principado ha quedado rebatido por la realidad. Quizás por ello se vuelque ahora la atención sobre temas recurrentes, como el retraso en la construcción de las infraestructuras (línea de alta velocidad, Madrid-Gijón, y autovía del Cantábrico) del Estado, el techo del déficit público y la financiación autonómica, para los que se pide un consenso a la oposición.