El Principado vive una curiosa situación, con superávit presupuestario y altísimo nivel de desempleo. A 31 de marzo, el Gobierno regional tenía un saldo positivo de 49 millones de euros y en esa misma fecha registraba una cifra récord de paro, 122.700 desempleados. En términos de empresa podríamos decir que el Gobierno de Javier Fernández tiene beneficios, mientras que Asturias sufre con más virulencia que otras regiones (en el último año fue el territorio donde más creció el porcentaje de paro) una epidemia de destrucción de puestos de trabajo.
Lo habitual es que en las naciones o regiones donde haya un equilibrio en las cuentas públicas las bolsas de desempleo sean mínimas. Los países escandinavos son el mejor ejemplo. En esos territorios, los impuestos financian los gastos y la inversión de la Administración y todo el crédito se concentra en el sector privado. En Asturias hemos encontrado otro modelo de actuación, consistente en paralizar la inversión pública, destinar los impuestos a pagar los sueldos de los funcionarios y aplazar el gasto destinado a creación empleo o servicios sociales. El Principado tiene beneficios y en las empresas privadas se multiplican los concursos.
Una realidad tan nítida, de la que puede percatarse cualquier observador con tal de conocer el dato de la Encuesta de Población Activa (EPA) y tener un somero conocimiento de la ejecución presupuestaria, se escapa al debate de las fuerzas políticas que se encuentran muy ufanas discutiendo de las menudencias cotidianas. Como si estuviéramos en una etapa de normalidad económica, el Principado centra su discurso en la defensa de los servicios públicos (las famosas líneas rojas) y en valorar si sus necesidades de financiación las satisfará recurriendo al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o si picará a la puerta de los bancos. Y en participar, con más timidez que otras regiones, en el debate sobre el déficit a la carta, donde las exposiciones más valientes contra la estrategia de Rajoy provienen de Extremadura o Castilla y León, regiones gobernadas por el PP.
INVERSIÓN
En el presupuesto de 2013, el Gobierno regional había dejado la partida de inversión bajo mínimos (364 millones), menos de la tercera parte de la cifra presupuestada en los años de bonanza. Pues bien, en el primer trimestre sólo se movilizaron 43 millones en inversiones productivas, pese a que en algunos sectores, como el de la construcción, la patronal había dicho que necesitaba la licitación de obra en los primeros meses del año.
Se mantiene, con pequeños retoques, el sector público, con docenas y docenas de empresas y organismo autónomos, pero la inversión generadora de riqueza y empleo queda congelada. Esa defensa de un sector público sobredimensionado e ineficiente, y la falta de recursos para estimular la inversión productiva definen una política conservadora, ajena a las necesidades de una coyuntura extraordinaria.
La misma atonía se da en uno de los capítulos más sensibles: los planes de empleo. En este punto hay que resaltar el papelón que juegan los agentes sociales; tras largos meses de negociación firmaron en febrero la concertación social, formando piña con el Gobierno regional. Logrado el objetivo de la foto de familia se desentendieron de la aplicación del documento. En un territorio con el 25,3% de paro, nadie clamaba por la medicina del empleo, hasta que el escalofriante dato de la EPA obligó al Principado a anunciar dos iniciativas que se encontraban en los presupuestos y en la concertación: un plan para 2.000 jóvenes y otro para 700 trabajadores de larga duración con más de 45 años de edad. A día de hoy todavía no se invirtió un euro.
LIDERAZGO
Los empresarios han manifestado que la burocracia demorará hasta cuatro meses el plan de empleo juvenil; y el plan para mayores de 45 años, que el Gobierno pensaba aprobar “en semanas”, quedará para octubre, porque un informe de la Intervención del Principado obliga a cambiar el modelo de convocatoria. Tocamos fondo: al año y medio de tomar posesión será cuando el Gobierno de Javier Fernández podrá llevar a cabo las primeras contrataciones. El Gobierno regional aplastado por la pesada maquinaria administrativa. Cuando no hay liderazgo político, cualquier obstáculo burocrático ata de pies y manos al Ejecutivo.
La política de la no ejecución presupuestaria también se traslada a otros capítulos de gran trascendencia para una sociedad atenazada por el desempleo, como es el Bienestar Social. Tras la recusación parlamentaria de la consejera, Esther Díaz, el Principado anuncia que a partir del mes de julio se pagarán los servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio, de los que se habían hecho cargo los ayuntamientos, ante la retirada del Gobierno central y la inhibición del Ejecutivo autonómico.
Así se fabrica el superávit presupuestario, dedicando una cantidad testimonial a inversión, aplazando los gastos sociales y los programas de empleo, y cobrando puntualmente los impuestos. Una praxis política que se envuelve en el discurso de la queja ante la política de Merkel y Rajoy, como si el Principado tuviera una estrategia alternativa. Y, al final, cuando ocurre un imprevisto y la variante de Pajares queda reducida a un túnel de incierta apertura se declara la solución como “positiva”. Decididamente, gobernar es otra cosa.