Los portavoces de IU y UPyD se quejan por del retraso en los planes de empleo y en la Cámara pedirán oportunas explicaciones al Gobierno. Según Ángel González (IU), el desarrollo de los planes debería haberse iniciado en enero. Ignacio Prendes (UPyD) considera que se trata de un asunto muy importante y el Ejecutivo debe decir qué pasó para que no se hayan realizado las contrataciones. No obstante, Ignacio Prendes no se muestra decepcionado con el proceder del Gobierno de Javier Fernández.

Con una tasa del 25,3% de paro, las políticas de empleo adquieren carácter de emergencia. El dinero comprometido para ellas está en el presupuesto que fue aprobado antes de finalizar el ejercicio de 2012, así que la inacción del Gobierno durante cinco meses es inadmisible. Javier Fernández cuenta con el respaldo de la mayoría absoluta de la Junta General del Principado para ejecutar las partidas presupuestarias correspondientes, sin falta de negociar con nadie, de modo que no tiene excusas. No se me ocurre ningún otro asunto que debiera ser más prioritario en la agenda política del Gobierno, aunque el paso de los meses ha demostrado que una cosa es llenarse la boca hablando de encontrar soluciones al paro y otra movilizar recursos para contratar desempleados. El Gobierno regional sigue atado a la inercia administrativa, pero sus socios no le ganan en diligencia, porque han dejado correr casi medio año para preguntar al Ejecutivo por la paralización de los recursos votados por ellos para la creación de empleo directo.

La fractura entre la opinión pública y el Parlamento se cimienta en razones concretas: la primera preocupación de los asturianos y de los españoles es el paro, pero el Gobierno de Javier Fernández decide ejecutar otros capítulos del presupuesto, dejando inmovilizados 58 millones durante largos meses. El orden del próximo pleno de la Cámara es un ejemplo del abismo que separa a las instituciones representativas de los ciudadanos. Veamos. Se va a debatir una moción de IU sobre la reforma de la Constitución y se aprobará la reforma del sector público regional. ¿Alguien cree que el obstáculo para solucionar los problemas de los asturianos está en la Constitución? En cuanto al sector público, Gobierno y aliados van a bendecir una operación de maquillaje del gasto, cuando es imprescindible un cierre generalizado de chiringuitos.