Como había pocos problemas en España, el Gobierno ha aceptado abrir el melón de la financiación autonómica, una materia en la que es dificilísimo alcanzar el consenso como han comprobado los ministros de Economía, Solbes y Salgado, cuando sometieron a revisión el sistema de asignación de recursos a las regiones. La fórmula pactada en el segundo mandato de Zapatero ha durado sólo tres años. La primera comunidad que mostró su insatisfacción con el reparto fue Cataluña, cuando se descolgó con la demanda de un sistema de financiación como el del País Vasco, consistente en quedarse con el 100% de los impuestos que se recaudan en el territorio, comprometiéndose a pagar un cupo por los servicios que presta el Estado (Defensa, servicio exterior, etcétera). Al rechazar Rajoy la propuesta, Artur Mas sacó de la manga el as del soberanismo y en esas estamos. Otras regiones, como Valencia, también aspiran a otra distribución de recursos. Montoro cedió a la presión con la aspiración de devolver a Cataluña a la senda autonomismo.

Siempre que se abrió la discusión del modelo de financiación se hizo evidente que lo que beneficia a unos territorios perjudica a otros. A Asturias le interesa que se valore el envejecimiento de la población, como a Galicia o a Castilla y León, mientras que a Cataluña, Madrid o Baleares les conviene ponderar la cantidad de inmigrantes que usan los servicios públicos autonómicos. Tras largas rondas de negociación –en la última ocasión duraron tres años-, el acuerdo fue posible con una medida extraordinaria: la inyección de más dinero por parte del Estado. Elena Salgado zanjó la negociación aceptando una factura de 11.000 millones de euros, que cubrían la vejez de los asturianos, el gasto de los inmigrantes baleares, etcétera. En la actualidad, la ubre del Estado no tiene ya más leche y Cristóbal Montoro advirtió por carta a los consejeros de Hacienda de las regiones que no aportará ni un euro a la masa de recursos del sistema de financiación.

Mal asunto para Asturias, que tiene una financiación “per capita” muy por encima de la media española. Cualquier compensación a Cataluña, Valencia o Andalucía será a costa de regiones como la nuestra. El ajuste a la baja supone recibir todos los años menos dinero para sanidad, educación o servicios sociales. La forma de mantener el tipo es una alianza de territorios pobres.