El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la elección de Ignacio Fernández como alcalde de Cudillero, tras un recurso presentado por Foro. El TC acepta que un individuo que no se presentó en ninguna lista electoral pueda ser concejal, si todos los que están en la candidatura renuncian al cargo, pero para ser alcalde exige un plus de representatividad al pedir que deba encabezar la lista. Una sutil distinción que obliga a Ignacio Fernández a abandonar el puesto de mando.

Para un ciudadano medio que no tenga la mente torturada por las filigranas jurídicas (con todos los respetos: bastante parecidas a las teológicas), sólo pueden ser concejales o diputados los miembros de listas electorales votadas por los ciudadanos. Cuando ETA asediaba a los cargos públicos se abrió una vía excepcional para los casos de abandono generalizado de las instituciones, permitiendo a los miembros del partido ocupar los escaños vacíos, aunque los ciudadanos que entraban en las instituciones no hubieran concurrido a las elecciones. El caso de Cudillero no se parece en nada: el alcalde -Gabriel López- dimite y los siete concejales del PSOE renuncian a sustituirlo, alegando motivos personales, incompatibilidad o sin alegar nada; el PSOE local propone a un funcionario del Ayuntamiento para ser regidor y el pleno le da el bastón de mando. Cualquier persona familiarizada con los principios democráticos encontrara más lógico que un concejal de la Corporación, sea del partido que sea, ocupe el cargo de alcalde, porque tiene el aval de un determinado número de sufragios, que un señor que va por la calle y lo encarama el aparato del partido a la cúspide de la institución pese a no tener título alguno de representación ciudadana.

Sorprende poderosamente que la cúpula de la FSA haya dado el visto bueno a la fórmula ofrecida desde Cudillero, porque rechina a la lógica democrática y convierte el carné del partido en patente de corso para gobernar las instituciones. En un comunicado, la FSA dice buscar una solución que aúne la estabilidad municipal y la normalidad democrática. Pues bien, fue la propia FSA la que avaló una solución que marginaba las reglas democráticas, creando un precedente muy peligroso. Ahora tiene la ocasión de remediarlo, porque nadie se cree que la cadena de dimisiones haya sido un fenómeno espontáneo y desinteresado.