En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Cristóbal Montoro estableció que las comunidades autónomas tendrán un techo de déficit del 1,3% para este año. Casi el doble de lo que había fijado cuando los gobiernos regionales elaboraron sus presupuestos para 2013. Bajo su aparente bondad el dato esconde una trampa, por eso el ministro de Hacienda sólo obtuvo el apoyo de las comunidades autónomas del PP. Asturias, como Cataluña, Andalucía y Canarias, votó en contra.
El truco consiste en que el techo del 1,3% se señala para el déficit global de todas las comunidades autónomas, pero el ministro se reserva para finales del mes de julio repartir la cifra total de déficit entre los distintos gobiernos dando más a unos y quitando a otros. Una forma de distribución que se ha dado en llamar “déficit asimétrico”. Para entendernos, Cataluña tendrá un techo de déficit cercano al 2% y Asturias, probablemente, no llegue ni al 1%.
PREMIO AL MALO
Se rompe de esta manera con la metodología que se había aplicado durante muchos años, en que se marcaba el mismo objetivo para todas las comunidades autónomas. Si se cumplen los pronósticos, el ministro inaugurará un sistema que premia a los gobiernos derrochadores con un elevado techo de déficit y castiga a los austeros restringiendo su capacidad de gasto. Los gobiernos que sobrepasaron el déficit señalado para 2012 tendrán un mayor margen para gestionar sus desequilibrados presupuestos y los que recortaron lo que exigía el ministro gozarán de una menor permisividad para gastar. El mundo al revés.
De todas las declaraciones realizadas en los dos últimos meses cabe colegir que Cataluña, Valencia, Murcia Baleares y Andalucía saldrán beneficiadas, y el resto financiarán con sus ajustes las holguras del quinteto ganador. Como no estamos hablando de matemáticas -aunque todo verse sobre números-, sino de política, queda en el aire la duda sobre lo que haría el ministro si en vez de ser las regiones del Mediterráneo las incumplidoras hubieran sido las del Cantábrico. ¿Si Asturias tuviera un fuerte desequilibrio entre gastos e ingresos accedería a un tratamiento benévolo del Gobierno o sufriría la amenaza de intervención?
No es una pregunta retórica, porque a 31 de marzo de 2012, nuestra región presentaba superávit y Cristóbal Montoro rompió con la plácida inactividad de una tarde de sábado para dejar temblando los teletipos con un aviso de intervención al Principado. Aquello tampoco eran matemáticas, ni siquiera economía, sino política de aparato de partido con las armas de la Administración. Estaba en juego la investidura del presidente del Principado y había que asustar al timorato grupito de UPyD.
El Ejecutivo regional, como el resto de gobiernos discrepantes, pide igual trato para todas las comunidades autónomas, y reclama que el umbral de déficit autorizado se fije, como mínimo, en el 1,6% del PIB. Comparto la petición de trato igualitario, pero no alcanzo a entender para qué quiere el Principado un margen tan amplio para gastar por encima de lo que ingresa. Solicita algo que no guarda armonía con la gestión que lleva a cabo. Veamos.
APLAZAR EL GASTO
El pasado año el tope de déficit estaba en el 1,5% y el Principado acabó el ejercicio con el 1%. Para el 2013 había fijado un techo del 0,7% y al terminar el primer cuatrimestre el Gobierno asturiano tenía un superávit del 0,6%. En sólo cuatro meses le sobraban ya más de 130 millones de euros. Montoro eleva ahora el margen para el déficit (1,3%), lo que supone en el caso de Asturias una expansión del gasto en 132 millones (ojo, siempre y cuando se reparta equitativamente el déficit entre todas las regiones), pero el Principado pide más, hasta colocarlo en el 1,6%. ¿Para qué quiere el Gobierno regional ampliar la brecha del déficit si luego no lo necesita para financiar sus políticas de gasto?
Tras trece meses en el poder, está claro que el Gobierno de Javier Fernández no apuesta por la expansión del gasto. A decir verdad, tampoco se excede en los recortes, limitándose a aplicar los ajustes que impone el Gobierno de Rajoy. La gestión presupuestaria del Principado está guiada por el aplazamiento del gasto. Se dilatan los compromisos de pago por la vía de no ejecutar las partidas presupuestarias. El retraso con los planes de empleo es un buen ejemplo, aunque el mejor de todos está en la ejecución de las partidas destinadas a la inversión productiva. Los ingresos llegan puntualmente y los pagos se retrasan, dejando un saldo positivo, alcanzando el superávit. Bien es cierto que con esa táctica evita las tensiones de tesorería que tuvo el último gobierno socialista cuando hubo que afrontar el pago de las nóminas de los funcionarios. El Gobierno de Javier Fernández no sufrirá sobresaltos porque la consejera de Hacienda siempre tendrá dinero en la caja.
El coste de esta política es la baja ejecución presupuestaria. En una región con 122.700 parados, optar por gestionar restrictivamente los recursos carece de sentido. Una cosa es vigilar el déficit y otra caer en la inactividad. Ahora bien, si se decide aplicar una política presupuestaria tan precavida no se puede incurrir en la incoherencia de exigirle al Ministerio de Hacienda que autorice mayores niveles de déficit.