En los planes de los gobernantes cala la necesidad de recortar entes, empresas y organismos de la Administración regional. En el mapa autonómico, durante el año 2010, el descenso de empresas públicas fue del 0,6%, en 2011 la reducción aumentó hasta el 4,2% y en el ejercicio de 2012 se elevó hasta el 7,6%. Teniendo en cuenta que todavía hay 2.114 entidades colgando de los presupuestos autonómicos no se puede decir que haya una acción decidida a favor del recorte, pero el discurso del control del gasto corriente lleva a prescindir de estructuras enteras.
Dentro de esa tónica general algunos gobiernos autonómicos destacan por ser vanguardia del proceso y otros por apenas haberse estrenado. Entre los primeros están Baleares y Galicia, que han suprimido 52 y 42 organismos autónomos en el año 2012, respectivamente, y entre los segundos destaca el Principado que sólo ha cerrado dos entes (uno por fusión y otro por extinción de actividad) en todo el año pasado. Asturias inició 2012 con 82 entes públicos y lo cerró con 80. En ninguna comunidad autónoma hubo un planteamiento tan inmovilista.
El Gobierno socialista es coherente con sus postulados. El presidente ha dicho, por activa y por pasiva, que el sector público autonómico es reducido, así que cualquier recorte le supone un sacrificio. Desapareció, recientemente, la Procuraduría General, y desde el Ejecutivo se advirtió que fue por una exigencia de UPyD. Si fuera por los socialistas la oficina de defensa del ciudadano estaría abierta. En todo caso, el modelo que más le gusta a Javier Fernández es el de la fusión de entes, que implica una mínima disminución del gasto corriente. Mantener abiertos los tinglados públicos es muy agradecido porque no se tienen choques con los empleados, familias y sindicatos. Apostar por rebajar el consumo de recursos de la Administración no provoca aplausos. Las dificultades surgen cuando se ingresa menos por impuestos, los gastos superfluos ya están recortados y la única forma de reducir el déficit público consiste en prescindir de organismos que vieron la luz en los años de bonanza. El argumento del Estado del Bienestar no justifica el crecimiento indiscriminado de la Administración. Sólo en los territorios adormecidos por el discurso retrógrado se tiene más aprecio por departamentos administrativos que por empresas privadas.