Una vez decidido qué cuota de déficit público podrá tener cada comunidad autónoma, los territorios que salieron más favorecidos con el reparto, como Cataluña, Valencia o Baleares, han saltado a la palestra a exigir que se cambie inmediatamente el modelo de financiación autonómica para aplicarlo el próximo año.

Déficit público y financiación autonómica no se cruzaban en el debate público hasta tiempos muy recientes, cuando las regiones que incumplían el techo de déficit pretextaron que no podían equilibrar sus cuentas por la excesiva aportación realizada a la solidaridad interterritorial. Cataluña y Valencia, gobernadas bajo la premisa del derroche, cuando no de la corrupción generalizada, taparon sus vergüenzas cargando contra un modelo de financiación que se había aprobado en el último mandato de Zapatero por la presión de la Generalitat. Es evidente que los desfases económicos de las comunidades del Mediterráneo se deben fundamentalmente a decisiones propias de gestión, en el caso de Cataluña impulsadas por sus ensoñaciones nacionalistas (embajadas, canales de televisión propios, gasto en bilingüismo) y en Valencia por su falta de adaptación a los tiempos de crisis (obras públicas desmesuradas o una televisión autonómica capaz de devorar los ahorros de cualquier país rico). Si las regiones poderosas dejan de aportar fondos al desarrollo de las pobres les quedará más dinero para el derroche, pero eso no quiere decir que su aportación a la solidaridad entre territorios sea la causa del déficit. Rajoy y Montoro compraron el discurso de la insatisfacción, escenificado por las regiones del Mediterráneo, y les dieron permiso para terminar el ejercicio de 2013 con un déficit más alto. Logrado el primer objetivo se lanzan a por el segundo: aprobar un nuevo modelo de financiación que arruine la solidaridad entre regiones.

A la demanda de un nuevo sistema de financiación se suman otras comunidades, como Madrid o Galicia. ¿Qué va a hacer el Principado? Asturias ya perdió el debate del déficit al ser la segunda región (por detrás de Extremadura) en tener un techo de déficit más restrictivo (1,06% sobre el PIB) y tiene perspectivas muy negras ante el nuevo modelo de financiación. Sin alzar la voz y sin aliados es probable que sufra en las finanzas públicas un revolcón semejante al perpetrado en la minería.