El Principado ya ha perfilado su estrategia judicial contra el reparto del déficit del Ministerio de Hacienda. El primer paso será formular un requerimiento al Gobierno para que rectifique los porcentajes de déficit reservados al Estado y a las comunidades autónomas, ya que de los dos puntos extra concedidos al Reino de España, por la Comisión Europea, la Administración central se quedó con el 70%, dejando el 30% para las diecisiete regiones. En caso de no obtener una contestación satisfactoria presentará el correspondiente recurso contencioso-administrativo. En cuanto salga publicado en el BOE la asignación concreta de las cuotas de déficit entre las comunidades autónomas, el Principado también llevará a los tribunales el llamado “déficit a la carta” que ha creado situaciones tan injustas y discriminatorias, como que Asturias tenga un tope de déficit del 1,06% para este año, pese a haber rebajado el diferencial entre gastos e ingresos por debajo de la cifra (1,50%) exigida por Hacienda en el 2012, mientras que Valencia tiene un tope del 1,6%, aunque el pasado año duplicó de largo el porcentaje permitido. Palo para los buenos y premio para los malos.

La vía judicial es obligada cuando no hay acuerdo y no puede haberlo cuando no hubo negociación. El Gobierno central está acostumbrado a la cómoda mayoría que tiene en el Parlamento y trata a las comunidades autónomas con el mismo rasero que a los grupos minoritarios en el Congreso de los Diputados. Confunde procedimientos que corresponden a dos ámbitos distintos, ya que las decisiones parlamentarias las gestiona el Gobierno, mientras que las imposiciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera las tienen que aplicar las comunidades autónomas. En un caso basta con el respaldo de la aritmética parlamentaria, en el otro es preciso convencer, persuadir o despejar recelos con los gobiernos regionales. No se puede pedir lealtad institucional cuando no se practica la lealtad institucional.

Dentro de unos meses empezará la revisión del modelo de financiación autonómica y el Ministerio de Hacienda ya ha cogido carrerilla para entrar en la cesión de impuestos y dotación de fondos de solidaridad con las maneras de un elefante en una cacharrería. Montoro no es un hombre de consensos. Si los tribunales tumbasen sus decisiones tendría que coger la puerta y marcharse.