Antes de iniciar la batalla sobre la reforma de la financiación autonómica debemos tener claras dos premisas para conducirnos con tino en el debate. Lo primero que debemos saber es que Asturias, con el único concurso de sus fuerzas, no puede salir airosa de la contienda, porque carecemos de peso para defender los fondos de solidaridad interterritorial y no podremos mantener algunos parámetros (“población equivalente”) que nos son favorables para calcular el coste de nuestros servicios públicos. En definitiva, necesitamos contar con aliados.

La segunda premisa tiene que ver con el señuelo de las ideologías. En la negociación sobre el modelo de financiación autonómica la ideología cuenta muy poco. Rubalcaba, tan cercano a Javier Fernández, no va a mover un dedo por Asturias, porque en el debate de la financiación el alineamiento con Asturias implica el enfrentamiento con Andalucía. A Griñán le interesa valorar la población real, mientras que a nosotros la población equivalente (la población real ponderada por el envejecimiento, la dispersión, la orografía, etcétera). Los socialistas catalanes y valencianos también constituyen un freno para cualquier posicionamiento de Rubalcaba favorable a los asturianos.

Esta característica nos favorece de cara al Gobierno central, ya que Cristóbal Montoro tampoco podrá sacar adelante un modelo de financiación con las siglas del PP. Entre las comunidades gobernadas por el Partido Popular hay intereses encontrados e irreconciliables, como los de Madrid y Valencia con Extremadura o Castilla-La Mancha. Lo importante es contar con suficiente masa crítica para defender nuestros intereses. Hasta la fecha, en ningún proceso de negociación sobre el modelo de financiación autonómica hubo un frente claro en contra de las ambiciones de las regiones ricas. En esta ocasión, es necesario formar una alianza de comunidades damnificadas por el adelgazamiento o la disolución de los vínculos de solidaridad interterritorial. Esa tarea, cien por cien política, le toca desarrollarla a Javier Fernández, porque excede las posibilidades y competencias de la consejera de Hacienda. El calendario va a cargar de tensión la negociación, ya que el proceso terminará a finales del año 2014, cinco meses antes de las elecciones autonómicas. La victoria y la derrota cotizarán en las urnas.