Tras la comparecencia judicial, Álvarez-Cascos ha subrayado que durante los diez años en que fue secretario general del PP no hubo ningún indicio de irregularidad en la gestión de las cuentas, al no haberse efectuado ninguna observación en los controles internos ni en los externos. Como ex ministro de Fomento, en la segunda legislatura de Aznar, asegura que las adjudicaciones a empresas se hicieron con pautas objetivas y transparentes. Al presidente de Foro le sorprende que IU se haya personado como acusación particular en el “caso Bárcenas” y no lo haya hecho en el escándalo de los expedientes de regulación de empleo de Andalucía o en el “caso Renedo”.

En el “caso Bárcenas” hay que distinguir entre la vertiente judicial y la política. De la famosa contabilidad B del partido, anotada por el ex tesorero, los dos asuntos más llamativos son los sueldos cobrados por la cúpula del PP y las donaciones realizadas por grandes empresas a la caja del partido. Cobrar un salario por asumir tareas de responsabilidad en un grupo político es tan legítimo como hacerlo en cualquier otra sociedad o empresa. La única condición para que los salarios sean legales es que tributen a Hacienda, como cualquier otra remuneración por cuenta ajena. El político asturiano dice que los hizo constar en sus declaraciones de renta; al tratarse de un documento oficial se puede verificar. En cualquier caso, para que la posible irregularidad de los sobresueldos cobrados por los dirigentes del PP sea judicialmente relevante tiene que haberse cometido con posterioridad al año 2007, porque los delitos fiscales prescriben a los cinco años. Álvarez-Cascos abandonó la actividad política en el invierno de 2004, así que no le afecta. En cuanto al doble papel jugado por algunas empresas constructoras, como donantes del PP y adjudicatarias de proyectos del Gobierno, carece de tipificación penal. En principio, la dimensión judicial del “caso Bárcenas” no atañe a Cacos ni a Arenas.

Otra cosa es el debate político. IU lidera la acusación popular y Rubalcaba baraja la moción de censura. La opinión pública es sensible a todo el terremoto causado por las declaraciones de Bárcenas. El PP va a tener que entrar en el embarrado campo de la política española con datos en la mano, relacionando donaciones de empresas y adjudicaciones de otros gobiernos. Al tiempo.