Tras las vacaciones, la primera reunión del Gobierno asturiano trajo dos novedades: la sustitución de los retratos de los presidentes del Principado por muestras de arte indoloro, y el anuncio de recurrir la Ley de Costas ante el Tribunal Constitucional (TC) y la intención de interponer un recurso contencioso-administrativo por el reparto del déficit.
El asunto del traslado de los cuadros a otra sala tiene enjundia. Siempre me resultaron muy sugerentes los retratos de los presidentes asturianos, porque son pura historia regional y por entender que tras los trazos se esconde una descripción psicológica del personaje y, a veces, el resumen de una época. No vi los retratos de Areces y Cascos, el resto los contemplé con atención más de una vez. Me hubiera gustado haber estado a solas un rato largo en la sala de los cuadros para tomar notas y dedicarles las líneas de un domingo cualquiera.
No sólo a mí me debió parecer sustancial la presencia de los cuadros, cuando el propio Javier Fernández los cambió de ubicación para liberarse de su vigilante presencia. En todas las fotos del Consejo de Gobierno sobresalía por encima de la cabeza del presidente la pajarita de Rodríguez-Vigil, el más heterodoxo de nuestros líderes, escoltado por el calculado ademán jovellanista de Pedro de Silva, y la decimonónica pose de Rafael Fernández. Tras las banderas que dan rango oficial a la sala se escondía el retrato de Antonio Trevín, rodeado de un aroma rural que lo convertía en paisano de una aldea del Oriente y la macilenta estampa de Sergio Marqués, con la mirada descendente envuelta en una luz pálida, testigo de un mandato enfermo. Figuras inquietantes, como difuntos para el Tenorio, que llenan de dudas a cualquier presidente en activo cuando se requiere tomar decisiones. ¡Cómo no entender la orden de traslado de Javier Fernández! Se puede admitir que haya dos papas en el Vaticano, pero no ocho presidentes en una reunión del Gobierno asturiano.
FRENTE JUDICIAL
Vamos con el frente judicial. El recurso de inconstitucionalidad por la ley de Costas y el contencioso por el reparto del déficit son herramientas en manos de cualquier gobierno. Contra la Ley de Costas ya recurrieron los ejecutivos del País Vasco, Andalucía y Canarias. Si los recursos dan paso a sentencias anulatorias la vía escogida para impugnar las normas será un completo acierto. No creo que vaya a suceder así. La judicialización de la política tiene un recorrido muy limitado. No conozco un solo gobierno que haya sido neutralizado con las llamadas al TC y el uso generalizado de los contenciosos-administrativos.
Pueden usarse a veces esas armas, pero transformar las discrepancias políticas en juicios no conduce a ningún sitio. Desde el principio del mandato, el Gobierno de Javier Fernández dejó claro que la vía de los tribunales le era grata al recurrir los recortes en sanidad y educación aprobados por el Gobierno de Rajoy. La invasión de competencias es el gran argumento en la mayoría de los recursos del Principado. La impugnación del ajuste en los servicios públicos no fue óbice para que el Principado aplicara las pautas de Rajoy y pudiera exhibir una importante reducción del déficit público como gran éxito del primer año de mandato. Dejando a un lado esa contradicción, hay que resaltar que las sentencias llegarán cuando ya se han ejecutado las decisiones recurridas. El reparto del déficit entre la Administración central y las autonómicas es ya una realidad, así como la aplicación del déficit a la carta entre comunidades autónomas, y no digamos nada de los ajustes en sanidad y educación, que son ya agua pasada.
POLÍTICA
El Principado confía más en los jueces que en la crítica y la negociación política para resolver los problemas. Le guste o no, hay cosas que sólo se pueden abordar desde el debate político. ¿Cabe reducir a un alegato jurídico el reparto del déficit? ¿Cómo no va a tener autoridad el Gobierno nacional para repartir entre las administraciones la cuantía del déficit que negoció con la Comisión Europea? En caso de estimar que Rajoy repartió de forma injusta la tarta reservando para la Administración del Estado una excesiva cuota de déficit, también habrá que incluir en el análisis los 23.000 millones de euros con que dotó al Fondo de Liquidez Autonómica para financiar los déficit de los gobiernos regionales. En resumen, severo con una mano y generoso con la otra.
Hay que retorcer mucho los usos políticos para creer que un juez puede dar licencia al Principado para gastar mil millones de euros más en la legislatura, que es el resultado pretendido al presentar el contencioso-administrativo contra el reparto del déficit. El incremento de mil millones en el déficit conllevaría una mayor cuota de endeudamiento y todo el incremento de la deuda debe dedicarse, por ley, a financiar inversiones. ¿Alguien cree que el Principado dedicaría esa hipotética cifra a inversiones, cuando sólo destinó 364,7 millones en el presupuesto de este año, cifrado en 3.800 millones? Con una población ocupada reducida al nivel del año 2003, las inversiones retrocedieron al nivel de 1998.
Presente el Principado los recursos judiciales que considere oportunos contra el proceder del Gobierno de Rajoy, pero no se desentienda de la política dejándola en manos de los jueces. Un gobierno que se precie de serlo confía más en las fuerza de los proyectos que en el amparo de las togas.