El consejero de Presidencia ha presentado una agenda contra la exclusión social. Guillermo Martínez dice que en el plazo de un mes explicarán las medidas concretas. Según el Principado el novedoso artilugio servirá para blindar el Estado del Bienestar de los recortes. Guillermo Martínez se deshizo en loas hacia el esfuerzo presupuestario realizado este año en las áreas de sanidad, educación y bienestar social, anunciando que las cuentas para el próximo año también estarán orientadas en la misma dirección.

Cuesta imaginar que la citada agenda sea algo más que mera propaganda política. El Gobierno regional está preocupado con la actitud de sus socios (IU y UPyD) ante la negociación presupuestaria, y crea una agenda para embellecer la ramplona gestión que lleva a cabo, dando a entender que cualquier partido progresista debería adherirse a la agenda porque salva a los ciudadanos de la desesperación. Vamos por partes. Es difícil que Javier Fernández blinde la política social de los recortes de Rajoy cuando fue uno de los gobiernos autonómicos más diligentes a la hora de aplicar los recortes en sanidad y educación dictados por el Gobierno central. Fue tan eficaz con las tijeras que rebajó el déficit público muy por debajo de lo que exigía el Ministerio de Hacienda. En cuanto a los servicios sociales, lo que procede no es que blinde su gestión sino que rompa el corsé que aplica con los más débiles de toda la sociedad: los demandantes del salario social. Empezar a cobrar el salario social año y medio después de obtener el derecho a percibirlo es un caso flagrante de insensibilidad hacia los más desfavorecidos. En Gijón o en Oviedo, cientos de familias viven de la ayuda de los ayuntamientos que exprimen sus presupuestos para dar una ayuda a las familias que carecen de recursos. Hay que tener la piel muy curtida de tantos años en política para admitir que unos ayuntamientos que no disponen de más de 200 o 300 millones de euros puedan dar unas subvenciones que le corresponden por ley otorgarlas al Principado, que con más de 3.800 millones de presupuesto aplaza concederlas. ¿Esto es lo que se quiere blindar?

La prioridad de la política social es un mantra en el discurso del Principado que no guarda relación con la realidad. Sólo la impostura del “bloque progresista”, sindicatos incluidos, ha permitido que se prolongue la fantasía.