Esta semana hemos conocido los datos de la deuda de las administraciones españolas al acabar el segundo trimestre. Asturias ha alcanzado los 2.683 millones de euros, lo que significa un aumento de 184 millones con respecto a igual fecha del año anterior. ¿Es una cantidad grande o pequeña? ¿El dato es preocupante o tranquilizador?
Hay dos maneras de analizar que nos llevan a conclusiones opuestas. Si nos fijamos en la evolución de otras comunidades autónomas nos encontramos con que sólo La Rioja, Cantabria y Extremadura deben menos dinero que nosotros, así que no hay lugar para los sobresaltos. Si reparamos en que la media de las comunidades autónomas tiene una deuda del 18,9% con respecto a su PIB y que Asturias está muy por debajo, con el 12,2%, respiraremos tranquilos.
La situación cambia si nos comparamos con nosotros mismos. Hasta que se inició la crisis económica, Asturias debía menos de 1.000 millones y ahora va camino de triplicar esa cifra. Año tras año, fue aumentando el grado de endeudamiento. En los primeros años de la crisis lo hizo de manera más acusada, hasta que en mayo de 2010 Zapatero recibió un ultimátum de la Unión Europea y tomó medidas de recorte que también influyeron en las cuentas autonómicas, como el ahorro de la paga de Navidad de los funcionarios.
No obstante, hay una diferencia entre lo que sucedía en los años 2008 o 2009 (primera recesión) y lo que ocurre ahora (segunda recesión). En aquellos tiempos, la deuda aumentaba, pero también crecía el presupuesto, mientras que ahora el presupuesto disminuye y la deuda sigue aumentando. Entonces se asumían deudas para expandirse, mientras que ahora las deudas aumentan para financiar el recorte.
Si dejamos a un lado el dato del empleo, no creo que haya otro indicador más preocupante y que condicione más el desarrollo del territorio. Del nivel de endeudamiento depende que tengamos servicios públicos de calidad o que sólo nombrarlos sea pura demagogia. Que haya inversión productiva o que esta quede reducida a mero mantenimiento del stock de inversión acumulado. Que haya robustos planes de empleo o pequeñas cantidades para cubrir el expediente. Que se mantenga el salario social o que los más débiles tengan que picar a la puerta de los ayuntamientos. En definitiva, que el mucho o poco dinero que tengamos haya que dedicarlo a hacer las paces con nuestros acreedores o que se pueda invertir y gastar en inversión productiva, planes de empleo, servicios públicos de calidad y programas de solidaridad con los más débiles.
En la Junta General del Principado no hay un mínimo de sensibilidad con la cuestión de la deuda. Todos los gobiernos aumentan la cuantía de la misma y los partidos de oposición adoptan un discurso que consiste en quejarse del endeudamiento para pedir en la siguiente sesión parlamentaria que se gaste más en tal o cual cosa. Unos y otros piensan que la deuda asturiana no es un asunto importante, conformándose con tener un margen mayor para gestionar que catalanes o valencianos que tienen pesados fardos que casi duplican sus presupuestos.
Se trata de una postura infantil, porque la desgracia de los demás no es fuente de felicidad ni sirve para exonerarnos de los compromisos que asumimos. En la actualidad nuestras deudas equivalen a dos tercios del presupuesto del Principado, formando una bola de nieve que aumenta al rodar por la pendiente de los años.
Para los que creen que es poco debe recordárseles que apenas tenemos ya capacidad de financiarnos con los bancos, debiendo acudir al Fondo de Liquidez Autonómica, un instrumento creado por Rajoy para tapar la ruina de las comunidades autónomas. Los distintos gobiernos asturianos han aplazado la solución al problema, pero el día que le hagan frente estarán en peores condiciones de resolverlo que hoy.
La vía de los recortes al gasto, como manera de reducir el déficit y detener el crecimiento de las deudas, tiene un recorrido muy reducido mientras se mantengan los condicionantes que pesan sobre el debate público. Es preciso reducir el tamaño de la Administración para detraer menos recursos para la financiar actividades públicas. Debemos pasar de pedir un esfuerzo extraordinario a familias y empresas para sostener a la Administración, a exigirle ese esfuerzo a la Administración para que no le traspase sus deudas a la sociedad. Mientras no cambie esta tendencia, todo el modelo autonómico, desde los servicios públicos hasta la inversión productiva, estará en precario.