Al finalizar el mes de julio, el Principado presentaba un superávit de 92 millones de euros, que representan el 0,43% del PIB. De las 17 comunidades autónomas, sólo Asturias y Baleares tienen saldo positivo, mientras que las otras 15 regiones presentan déficit. Como el principal objetivo de todos los gobiernos, empezando por el de Rajoy, estriba en rebajarlo, hay que estar de enhorabuena por el dato obtenido. Con la economía saneada se soluciona muchos problemas, porque se rebaja el grado de endeudamiento, se gana solvencia en los mercados y se tiene acceso al crédito en mayor cantidad y calidad que hasta ahora. Un territorio con superávit puede dedicar más dinero a inversión productiva y a planes de empleo.

Con un saldo positivo en las cuentas no se entiende que el Principado se queje amargamente del limitado techo de déficit impuesto por Cristóbal Montoro, porque si para otras regiones supone un castigo, para Asturias no pasa de ser un tope innecesario, porque finalizaremos el año con las cuentas saneadas o con alguna décima de déficit, como mucho. Es fácil hacer esta previsión porque ocurrió algo similar el ejercicio pasado, cuando estaba fijado un techo de déficit del 1,5% para todas las regiones y terminamos el año con sólo un desfase del 1,06%.

Ahora bien, el superávit del Principado abre un debate político de gran importancia: cómo se puede tener un excedente de 92 millones con las grandes necesidades sociales que están pendientes de resolver. Al Gobierno regional le puede sobrar el dinero, pero a la sociedad asturiana le falta. ¿Hasta qué punto es ético guardarse más de 15.000 millones de las antiguas pesetas cuando hay miles de ciudadanos esperando durante dieciocho meses recibir el salario social? ¿Cómo pueden escatimar el dinero para la inversión productiva o para los planes de empleo, cuando ellos lo tienen inmovilizado o invertido en depósitos bancarios como si se tratase de un ahorrador convencional? A esta cuestión trascendente debe añadirse otro interrogante: ¿por qué logra Principado ahorrar más que otros gobiernos? No es por su eficacia en la gestión de los servicios públicos o por novedosos procedimientos de control, sino por el antiguo y criticable método de aplazar los compromisos de pago. Por tener las partidas del presupuesto sin gastar, cuando su obligación es ejecutar hasta el último euro.