El debate sobre el estado de la región, que empieza mañana con la exposición del presidente del Principado, es un test sobre la relación del Gobierno de Javier Fernández y sus aliados, IU y UPyD. De manera paralela también va a mostrar la capacidad de alternativa que tienen los grupos de centro-derecha, Foro y PP, al actual bloque en el poder. Por encima de estas consideraciones, las sesión plenaria de esta semana ofrece la oportunidad de poner el foco de atención sobre unas u otras cuestiones, debiendo los intervinientes decidir si hablan de empleo y servicios públicos, en general, o si entran en los aspectos candentes: escandalosos retrasos y escasas dotaciones en los planes de empleo, irritante colapso del salario social, mínima inversión productiva, incapacidad para impedir la deslocalización de industrias (Suzuki, Tenneco), fracaso de programas educativos (bilingüismo), crecimiento de las listas de espera en sanidad y subordinación de la Universidad de Oviedo en el plan de investigación para primar a empresas. Junto a estas cuestiones conflictivas, espero que algún portavoz levante la voz para denunciar la sectaria política de distribución de fondos que afecta tanto a la inversión productiva como a los planes de empleo, y tiene como principio asignar dinero para cualquier municipio por delante de Gijón.

Es probable que en el debate ocupe un lugar destacado la reforma electoral, al ser el principal motivo de fricción entre el Gobierno e IU, y el único motivo de disenso entre el Ejecutivo y UPyD (si el Gobierno convierte en ley la reforma electoral el apoyo del partido de Rosa Díez no ofrece dudas). Las posiciones son sobradamente conocidas, pero hay que estar atentos a los matices para ver hasta qué punto es firme la negativa del Gobierno y hasta donde llegan las amenazas de sus socios. También debería aflorar el nombre de Cudillero, porque lo que está en juego no es la gobernabilidad de un ayuntamiento de 5.000 habitantes, sino la vigencia de los principios democráticos, cuestionados por la dirección regional de un partido que aconseja dimitir a los concejales de su grupo para poder disolver los órganos municipales de gobierno y sustituirlos por una gestora. En dos palabras: sin precedentes.

En manos de los portavoces de la oposición está realizar un soporífero debate o coger el hierro por donde quema.