Terminada la discusión entre el presidente del Principado y los líderes de los grupos parlamentarios, puede decirse que el debate sobre el estado de la región ha servido para dos cosas: clarificar el estado del pacto entre el Gobierno y sus aliados, y entender la clave del admirable equilibrio presupuestario, por la vía de renunciar a ejecutar partidas de inversión. Desde que UPyD es fuerza parlamentaria, por primera vez en un debate de importancia, su portavoz leyó un discurso con hechuras de grupo opositor, capaz de acordar o disentir del Ejecutivo. La imagen de pequeño satélite que orbita en torno al sol socialista quedó difuminada. En cuanto a IU, dejó bien claro que en el caso de que no haya reforma de la ley electoral, está dispuesta a que el trayecto hasta las elecciones autonómicas se convierta en un calvario para Javier Fernández. El presidente se ratificó en su tesis, de aprobar el cambio de normativa siempre y cuándo haya una mayoría reforzada. ¿Qué es una mayoría reforzada?

Para Javier Fernández cualquier cifra que supere los 23 escaños, para lo que hace falta contar con el concurso de Foro o PP. Para Ángel González e Ignacio Prendes, la mayoría absoluta (23 diputados) es la mayoría reforzada. La Constitución pide para cuestiones de singular trascendencia el apoyo de mayorías cualificadas, que pueden ser de tres quintos de la Cámara o de dos tercios. Ambos porcentajes trasladados a la Junta General del Principado significan 27 o 30 escaños. Si Javier Fernández puso como condición para pactar con Ignacio Prendes la consecución de una mayoría reforzada es evidente que se refería a una cifra superior a los 23 escaños. Si no puso ninguna condición, ahora es muy tarde para hacerlo.

Por su parte, Mercedes Fernández se ratificó en sus recetas: disminuir escaños, bajar impuestos, recortar sector público y cerrar el chorro de las subvenciones.

La parte más instructiva del debate vino por los datos aportados por Álvarez-Cascos sobre ejecución presupuestaria. En el 2012, con más de 100.000 parados, el Gobierno dejó sin utilizar 97 millones de euros para inversión. Y este año, aunque el presupuesto preveía aumentar la deuda en 162 millones, al finalizar el mes de julio tenía cuatro millones menos de deuda que al empezar el año. Con esos datos ni se puede luchar contra el paro ni mantener los servicios públicos sin deterioro.