Sin perder tiempo, el Principado ha aprobado el proyecto de ley de endeudamiento para aprovechar el margen concedido por el Gobierno de Rajoy, al elevar el techo de déficit asturiano para el actual ejercicio del 0,7% del PIB al 1,06%. El Ejecutivo regional puede endeudarse en otros 72 millones de euros y el Consejo de Gobierno ha enviado su propuesta de reparto. Lo primero que sorprende es la falta de concreción al no acompañar el plan con un anexo de inversiones. De la cantidad global se destinan 18 millones para compensar ciertos desfases entre gastos e ingresos. No sé dice cuáles. Otros 18 millones serán para inversión, sin que conste su destino. Por último, se dedicarán los 36 millones restantes en gasto social, siendo 14 de ellos para salario social. Cuando se aprobó el presupuesto de 2013, al salario social tenía una cobertura de 45 millones; se estima que a finales de año se habrán consumido 59 millones; esa diferencia entre gasto previsto y gasto realizado se compensa con los 14 millones ahora aprobados. Viendo las cifras no me extraña que la cola de los beneficiarios a la espera de su salario llegue a los dieciséis meses, que decía Javier Fernández, o a los veintiséis meses, que denunciaba para los casos más extremos los representantes de la Asociación Alambique. Con un desfase tan grande en el gasto no creo que los problemas del salario social se solucionen introduciendo una aplicación informática maravillosa, argumento mágico utilizado a lo largo de este año por Javier Fernández, Esther Díaz y Clara Costales. El mejor remedio consiste en ampliar diligentemente la cobertura económica.

Desconozco si la distribución de los 72 millones ha sido negociada por la consejera de Hacienda con IU y UPyD, o si espera encontrar apoyos en el Parlamento. Puede que no haya mucho margen para la discusión en algunas partidas, como los 14 millones del salario social, ya que nadie se va a oponer a ese destino. En otros casos, sin embargo, es posible que haya más de una opción. Lo último que necesitaba Javier Fernández, tras el castigo recibido en el debate sobre el estado de la región, es que se abra una nueva brecha con IU y UPyD.

El Gobierno tiene prisa por abrir la negociación presupuestaria, e IU y UPyD prefieren hablar antes de la reforma electoral. De ahí la urgencia del Ejecutivo por asignar los últimos recursos disponibles para el año en curso.