En el reciente debate sobre el estado de la región el presidente del Principado afirmó que “frente al debilitamiento progresivo del Estado del Bienestar, el Gobierno asturiano trabaja para galvanizarlo”, y añadió, “donde podemos elegir, elegimos, y elegimos, claramente, buena sanidad pública, buena educación pública y buenos servicios sociales públicos”.
En el cruce de intervenciones con los portavoces parlamentarios se discutió sobre los tres servicios públicos básicos. Un debate interminable que se actualiza continuamente con los datos de cada mes, de cada trimestre. La calidad de los servicios públicos asturianos no es la peor del mapa autonómico, ciertamente, pero tampoco podemos sentirnos satisfechos con ella.
Las listas de espera en la sanidad constituyen la mejor propaganda para la sanidad privada y el caótico traslado del Instituto Nacional de Silicosis al viejo Huca es un anticipo de lo que ocurrirá cuando se produzca la migración de toda la estructura hospitalaria desde el Cristo a La Cadellada. La enseñanza pública tiene los mismos déficit que hace una década, con el fracaso estrepitoso de los programas de bilingüismo; la apuesta por la extensión de las nuevas tecnologías en vía muerta, sustituida por un caprichoso reparto de recursos a un número reducido de centros, y con el recorte de los programas de refuerzo, clave en la lucha contra el fracaso escolar. En cuanto a los servicios sociales, la mengua de recursos en la dependencia y el colapso del salario social dan idea de la precariedad en que se desenvuelve la prestación de los mismos.
LOS MARGINADOS
Hasta aquí la discusión convencional, tal como se desarrolla dentro de las coordenadas parlamentarias. Pero el debate sobre el bienestar, o su ausencia, es mucho más descarnado y lacerante, sin que el Principado se dé por aludido. En el VIII Informe de del Observatorio de la Realidad Social se mete el dedo en la llaga, al cifrar en tres millones las personas que han caído en la exclusión social en España, estando 110.000 de ellas residiendo en Asturias. El 10% de los asturianos vive en situación de pobreza, lo que significa contar con menos de 613 euros al mes, cuando se trata de un hogar unipersonal, o menos de 1.287 euros, si es una familia de cuatro personas.
¿Se puede hablar de Estado del Bienestar en un territorio cuando uno de cada diez habitantes está privado de bienes esenciales? Es evidente que no, pero en la Junta General del Principado se maneja un lenguaje estereotipado, lleno de artificios, que permite ignorar al 10% de los asturianos.
En una región donde impera el discurso de la normalidad democrática y la fuerte cohesión social, un porcentaje tan alto de ciudadanos por debajo del umbral de pobreza indica que a medio plazo puede haber una fractura social, creándose dos realidades separadas, las de las familias integradas en el sistema y los individuos excluidos del acceso a bienes elementales. Esa división alteraría algunos de los estándares de bienestar, como la seguridad ciudadana, la homogeneidad social entre el centro y los barrios de las ciudades, y la prestación de servicios públicos.
Lo más curioso es que los ciudadanos son mucho más conscientes de la degradación del tejido social que las instituciones representativas. Los apoyos, donaciones y recursos que recibe Caritas de la sociedad aumentan a un ritmo del 20% anual, mientras las administraciones cada año reducen su aportación.
EL VOLUNTARIADO
El Principado, como el resto de gobiernos autónomos, en cuestión de servicios sociales trabaja con los guantes puestos. Veamos. Cuando una persona precisa de atención sanitaria, el sector público responde abriendo las puertas de centros de salud y hospitales. Cuando una familia inmigrante llega a nuestra región, al día siguiente los niños se matriculan en colegios públicos y comen en los centros escolares. Sin embargo, cuando una persona excluida deambula por las calles no tiene servicios sociales públicos que le garantice la manutención ni le proporcionen techo. Eso queda para organizaciones sociales, para el voluntariado de inspiración cristiana, que hace el trabajo duro, anónimo y desagradecido. Lo lógico es que las administraciones actuaran con generosidad, ya que le solucionan una tarea muy ardua, pero ocurre lo contrario.
Esa falta de atención no se entiende al estar en juego el bienestar de 110.000 beneficiarios. Demasiada gente para que los partidos de gobierno no hagan caso. El secreto de tanta indiferencia radica en que las personas vulnerables, en riesgo de exclusión, no suelen acudir a las urnas. También en las jornadas electorales son ciudadanos invisibles.
Hace unas semanas, el Principado inauguró la política de anuncios maravillosos para compensar el desgaste de gobernar una región con tantas necesidades. Sólo un compromiso en el debate de investidura (los enlaces de la Zalia) y ahora lanzan promesas por doquier. Presentó una novedosa “agenda contra la exclusión social”, mientras disminuye el dinero destinado a las organizaciones que se dejan la piel luchando con los marginados. Si se pagara puntualmente el salario social habría menos gente deambulando por las calles. Nunca hubo tantas familias viviendo del dinero adelantado por los ayuntamientos. Si queremos hablar con propiedad empecemos por reconocer que la jibarización del empleo y los servicios públicos ha dado paso al Estado del Malestar.