Todos recordamos, porque apenas pasaron dos años, que a los pocos meses de empezar a gobernar Foro, la oposición y los lobbys de la región empezaron a decir que Álvarez-Cascos no hacía nada. Ayer tuvimos la prueba definitiva de la inacción de Cascos, con los 213 millones de euros arrancados por el Gobierno de Foro al Gobierno de Rajoy, con la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo de Madrid que llevaba el caso. El 30 de diciembre de 2011, no recuerdo si fue en el primero o segundo Consejo de Ministros del Gobierno del PP, se tomó la decisión de eliminar los fondos mineros dedicados a infraestructuras. El motivo era muy simple: imposibilidad económica sobrevenida. La crisis le impedía al presidente Rajoy cumplir con los convenios firmados y las subvenciones concedidas a los municipios mineros quedaban reducidas a cero euros. El 1 de enero de 2012, el entonces presidente del Principado cifró la pérdida global en 1.000 millones de euros, y declaró que para el Gobierno asturiano “era inasumible”. De seguido pidió voluntariamente comparecer en la Junta General del Principado, sin que el resto de grupos realizara ni la menor declaración ante la primera bofetada que recibía Asturias del nuevo Ejecutivo de Madrid. Recuerdo unas imágenes de la comparecencia en la Junta, con Fernando Lastra hablando en tono desganado. Antes de acabar el mes de febrero, Cascos había aportado la documentación al despacho del catedrático de la Universidad Carlos III, Luciano Parejo, uno de los principales bufetes administrativistas de España. El Principado instó a la reconsideración a la Administración central, y le entregó la documentación en mano al ministro de Industria. El 16 de abril se interpuso el recurso. Ayer, un juzgado de Madrid sentenció que el ajuste del déficit no se podía entender como una causa de “imposibilidad económica sobrevenida” para no pagar subvenciones que estaban recogidas en convenios firmados. El Consejo de Ministros habría incurrido en deslealtad institucional.

Ya se sabe, Asturias tuvo en Cascos y en Foro, un presidente abúlico y un Gobierno inane. Menos mal que ahora están los hiperactivos. Nada más conocerse la sentencia, el consejero socialista Guillermo Martínez declaró que “el Gobierno asturiano va a dar la batalla jurídica porque cree que le asiste la razón”. Sin comentarios.