Los ayuntamientos de las comarcas mineras, de manera específica, y la opinión pública asturiana, con carácter general, celebran la adelantada lotería navideña que nos ha tocado con la sentencia sobre los fondos mineros recortados por Rajoy y reclamados ante los tribunales por el Gobierno de Álvarez-Cascos. La eliminación de los convenios firmados, realizada desde Madrid, dio pie a una rápida demanda del entonces presidente asturiano por un total de 267 millones. El juzgado contencioso-administrativo de Madrid, que entendió del conflicto entre gobiernos, recoge la cifra de 213 millones, habiéndose perdido 24 millones por tratarse una cantidad derivada de convenios caducados y sin ejecución, según el actual Gobierno asturiano. Hay otros 30 millones que no figuran, así que pueden calificarse de desaparecidos o pendientes de explicación, si es que el Principado quiere pedirla.

El éxito de la reclamación es indudable y constituye la mejor noticia del año para Asturias. Recuerdo que en el periodo, 1999-2006, España recibió la mayor entrada de fondos europeos desde que se adhirió a la UE. Asturias, como región con una renta inferior al 75% de la renta media europea, no sólo se beneficiaba de fondos de cohesión (proyectos de alcance nacional), sino de una cantidad importante de fondos estructurales (proyectos de interés regional). Los dineros europeos financiaron gran parte de nuestra red de infraestructuras y ayudaron a modernizar la región. En plena época de vacas gordas, recibíamos por esa vía 33.000 millones de pesetas al año (198 millones de euros). Pues bien, el pleito ganado por el Gobierno de Álvarez-Cascos supone 213 millones para la región, una cantidad superior a la inversión realizada por el Principado cuando iban transcurridos dos tercios del 2013 (31 de agosto). Una formidable e inesperada inyección de dinero.

Ahora toca pelear por el resto de los fondos, los 54 millones que faltan. Según el presidente de Foro, de la sentencia se deduce que los 24 millones correspondientes a fondos caducados y sin ejecutar son rescatables. Los 34 millones restantes merecen ser identificados, para conocer si están definitivamente perdidos o cabe interponer algún recurso. Esta tarea le toca al Gobierno de Javier Fernández que se encontró con el trabajo hecho y debe rematarlo para satisfacción de todos.