Foro, PP e IU piden explicaciones a los socialistas sobre la gestión de Sedes, una sociedad participada por el Principado, que pasó de tener beneficios a estar asfixiada por deudas (85 millones de euros), con sus activos hipotecados, sin tener actividad, y pendiente de vender unos bienes que no encuentran comprador por más que rebaje su precio. En la reforma del sector público, el Gobierno de Javier Fernández incluyó la enajenación del paquete accionarial (60%) del Principado en la sociedad, con nulo éxito. ¿Cómo se llegó a esta situación?

Tras cinco años de crisis económica, a nadie puede extrañar que una sociedad que se dedica a hacerse con suelo, construir, vender, etcétera, atraviese una situación difícil. Pero en el caso de Sedes, la clave del asunto está en una operación singular, consistente en comprar una parte del palacio de Calatrava para alquilársela por treinta años al Principado para usos administrativos. La idea nace del arrendatario (Principado), por imposibilidad financiera de hacerse con el inmueble. El asunto se complica porque el Principado cambia de idea, le da pereza alquilar y propone un pago en especie, transfiriendo a Sedes cuatro inmuebles, tres de ellos destinados a ser derribados para construir viviendas sobre los solares. A día de hoy, los edificios siguen en su sitio (salvo uno), nadie construyó viviendas y Sedes nada en un mar de deudas. Por el medio hubo las típicas argucias administrativas, como trocear el pago a los dueños del palacio de Calatrava en cuatro operaciones distintas, para que ninguna superase los 20 millones de euros, porque en ese caso sería preceptivo presentar una ley en la Junta General del Principado. Tengo la intuición de que el Principado siguió una vía irregular por exceso de prevención, ya que si hubiese llevado la ley al Parlamento se habría aprobado por unanimidad. Jamás la Junta General del Principado osó meter las narices en un asunto de esta naturaleza.

Cualquiera que haya leído EL COMERCIO, el domingo y lunes pasados, tendrá un conocimiento detallado del desventajoso contrato firmado por Sedes, que originó muchos comentarios a media voz entre políticos, empresarios y trabajadores de Sedes, pero que nunca se debatió con luz y taquígrafos. Por eso causa perplejidad el intento del Gobierno de Javier Fernández de vender unos activos devaluados sin darse por enterado del enorme pasivo que arrastran.