Una práctica del Gobierno de Rajoy consiste en aprobar leyes y valorar, posteriormente, sus consecuencias. La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local es un buen ejemplo, al imponer pautas sobre los sueldos de alcaldes y concejales, que entran en conflicto con los acuerdos tomados en los ayuntamientos al empezar el mandato. La corporación municipal del pequeño ayuntamiento de Amieva, diligente donde las haya, ha tenido a bien suspender los sueldos de los cargos públicos liberados (el alcalde y el concejal de obras) para adaptarse a la nueva norma. El caso de Amieva puede verse como anecdótico, pero en otros muchos consistorios también la norma entra en colisión con el modelo de remuneraciones. Debido a ello, el Gobierno acaba de conceder una moratoria para no aplicar la ley hasta el 30 de junio de 2015, que es cuando las corporaciones elegidas en los comicios de ese año ya se habrán constituido y adoptado acuerdos sobre las remuneraciones de sus miembros.

Imponer una moratoria que no estaba prevista en las disposiciones de la ley es una actuación extrañísima, que conlleva una crítica implícita al articulado de la norma, porque una ley que entraña grandes dificultades de aplicación es un sinsentido. La cuestión de los sueldos es sólo una parte de los conflictos que generará a los ayuntamientos la particular forma de acabar con las competencias impropias, contenida en la ley. Hay que reconocer que pocas normas sufrieron más transformaciones desde el primitivo borrador del anteproyecto de ley hasta el texto articulado publicado en el BOE. Las ideas fuerza del anteproyecto quedaron desfiguradas, pero aún así, creará problemas adecuar la vida municipal a sus preceptos.

El Gobierno da cierto margen con los sueldos a los ayuntamientos que paguen puntualmente a los proveedores, estén moderadamente endeudados y practiquen la estabilidad presupuestaria. Me llama poderosamente la atención que el Gobierno de España lleve dos años con los consistorios en el punto de mira, cuando no contribuyen prácticamente en nada al abultado déficit público. El famoso déficit, causante de la enorme deuda que acumulamos, es cosa de las administraciones central y autonómica, y de la Seguridad Social. Poner el ojo sobre los ayuntamientos y hacer la vista gorda con las otras administraciones, es propio de quien se atreve con el débil y evita al fuerte.