Todos los grupos de la oposición y las centrales sindicales han valorado de la misma manera el mínimo déficit público que arrojó el Principado un mes antes de cerrar el ejercicio de 2013. Mientras el Gobierno regional sólo gastó 61 millones más de los que ingresó, en Cataluña el desfase fue de 3.770 millones, en Valencia de 1.958 y en Andalucía de 1.564. Oposición y sindicatos consideran que la bajada del déficit en Asturias se debe a que el Gobierno de Javier Fernández renunció a gastar el presupuesto. Álvarez-Cascos recuerda que el presidente socialista ya dejó sin utilizar cien millones de euros que había en 2012 para inversión, y que en 2013 siguió por la misma senda. Según los cálculos de Foro, quedaban 171 millones para gastar en el mes de diciembre, lo que da una medida de la incapacidad del Gobierno autonómico para gestionar el presupuesto. La falta de apoyo a la inversión, la insuficiente cobertura de los servicios sociales y la atonía en la creación de empleo son los costes de un modelo de gestión que tiene como prioridad dejar partidas presupuestarias sin consumir. Por parte de IU, Ángel González señaló que Fernández es un alumno servil de Rajoy, por anteponer el control del déficit a la atención a los desempleados. Emma Ramos (PP) manifestó que se dejan obras sin ejecutar. El máximo líder de CCOO, Antonio Pino, declaró que el presidente socialista impone sacrificios innecesarios a la ciudadanía.

Unanimidad entre partidos y grupos sindicales sobre una cuestión central en la acción del Gobierno: la política sobre el déficit. Podríamos decir que se debe reducir, pero no al precio de dejar las partidas presupuestarias sin gastar, porque eso no es gobernar de manera eficiente, sino paralizar la actividad. Si el Gobierno presentó un presupuesto a la Cámara es para gastarlo, porque es la concreción de los planes del Ejecutivo para ese año. Dejar las partidas sin utilizar es lo mismo que poner la Administración a mínimo rendimiento, conformándose con pagar sueldos, suministros y mantenimiento.

Hay gobiernos que gastan en exceso en algunas partidas, a costa de dejar otras sin utilizar; no es una forma de gestión saludable, pero al menos tienen la voluntad de aprovechar todos los recursos que el Parlamento puso a su disposición. El caso asturiano es distinto. Se elevan los impuestos y la recaudación no revierte enteramente en bienes y servicios para los ciudadanos.