La moción de Manuel Peña (Foro) pidiendo la aplicación de criterios objetivos en el reparto de dinero a los colegios quedó a un voto de suponer un nuevo golpe para el Principado. IU y UPyD no la apoyaron por considerar que no quedaba claro que los fondos debían ser exclusivamente para centros de titularidad pública. Una excusa porque en el texto no hay ni la más mínima alusión a los colegios concertados. Susana López Ares (PP) añadió un motivo más de crítica hacia la consejera de Educación, al dar a conocer que se desviaron recursos hacia el área de Cultura que estaban destinados para colegios de Oviedo. Ana González tendrá que responder de estas acusaciones en el Parlamento.
La estrella del debate fue el diputado socialista, Alejandro Vega, que defendió la legalidad del procedimiento seguido. Y se quedó tan tranquilo. No podrá encontrar otro caso en que la Consejería de Educación, la víspera de Nochebuena, con el curso escolar interrumpido por las vacaciones, envíe una carta a un grupo de centros seleccionados para comunicarles la entrega de 6,4 millones de euros, en holgados lotes de 60.000 y 40.000 euros, para realizar obras. Sin visitar a institutos y colegios, y sin contar con un presupuesto previo, se gira una cantidad redonda de dinero, cuando no consta la previa emisión de facturas. ¿Por qué razón unos centros recibieron dinero y otros, no? ¿Actuación eficiente del Principado? ¿Lotería navideña? ¿Resultado del dedo caprichoso del poder?
Para contradecir el criterio de Foro y PP, Alejandro Vega hizo uso de un argumento de peso: “hay que tener cuajo para hablar de transparencia los partidos de la Gürtel”. La corrupción se ha convertido, por desgracia, en una mercancía cotidiana que afecta transversalmente a la clase política española, pero el diputado socialita debía de ser un poco más prudente, porque llevamos un invierno marcado por el escándalo de Cudillero, y el asalto organizado a los dineros de la Administración andaluza por parte de gente que tiene la doble militancia socialista, política y sindical. Contadas las sacas, no hay duda de que la cueva de Ali-Baba está en Sevilla. Recurrir a la banda de Correa para tapar el caprichoso y opaco método de distribuir una gran suma de dinero entre centros escolares, es dar por perdido el debate. Ni la consejera explicó las razones de tan extraordinario procedimiento ni el diputado hizo otra cosa que estirar la manta para tapar.